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La Contraloría General de la República (CGR), órgano técnico encargado del control gubernamental, se ve imposibilitada de auditar la gestión de Velázquez. En lugar de esto, la responsabilidad recaerá sobre el Tribunal de Cuentas, informó Última Hora.
Los ministros César Diésel y Víctor Ríos, miembros clave de la Sala, votaron a favor de la acción de inconstitucionalidad promovida por el exvicepresidente.
Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. El ministro Gustavo Santander se opuso alegando que la solicitud no cumplía con ciertos requisitos estipulados en el artículo 553 del Código Procesal Civil.
El pasado 12 de agosto del 2022, el embajador de los EE.UU. en Paraguay, Marc Ostfield, informó que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció la designación del entonces vicepresidente y precandidato presidencial, Hugo Velázquez, como “significativamente corrupto” y canceló su visa.
Tras el escándalo, Velázquez renunció a su precandidatura presidencial y anunció la posibilidad de renunciar a la Vicepresidencia de la República, sin embargo, finalmente no dimitió del cargo, completando el periodo de mandato que finalizó el pasado 15 de agosto.
El 23 de marzo, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una investigación penal contra Velázquez y otros “significativamente corruptos”, como el expresidente de la República, Horacio Cartes y Juan Carlos “Charly” Duarte, exasesor jurídico de Yacyretá.
Tras dejar la Vicepresidencia, Velázquez, insistió en que las acusaciones del Gobierno de los EE.UU. se basaron en mentiras y consideró el hecho como una “conspiración”, de acuerdo al informe de ABC Digital.
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