El conductor de un vehículo, visiblemente afectado por el alcohol según las autoridades, se negó a realizar el alcotest durante un control rutinario en Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.
Tras oponerse a esta medida, abandonó rápidamente el lugar, siendo perseguido por agentes del Grupo Lince, quienes lograron interceptarlo.
El abogado del conductor, Elizardo Cáceres, llegó al lugar del incidente y demandó a los agentes una copia del acta del procedimiento, lo que aparentemente generó un clima más tenso. Según Cáceres, los agentes actuaron de manera violenta: “Me esposaron, me maltrataron, me jugaron, me pegaron. Tengo algunos hematomas en el brazo”, declaró.
Osmar Papasseit, director de la Patrulla Caminera, comunicó el hecho al fiscal de turno, quien determinó que, dado el aparente estado etílico del conductor, era imperativo retener el vehículo. Según Papasseit, tanto el conductor como el abogado se opusieron rotundamente a esta decisión, forzando a la Policía Nacional a intervenir de manera más drástica.
En respuesta a la detención y al presunto maltrato sufrido, el abogado presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Turno de Coronel Oviedo contra los efectivos involucrados en el control.
El conductor fue privado de su libertad durante seis horas mientras se esclarecía la situación. Este caso pone en relieve la tensión entre los procedimientos de control de tráfico y los derechos de los ciudadanos, abriendo un debate sobre la conducta adecuada de ambas partes en situaciones similares.
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