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La Corte Suprema de Justicia, por iniciativa del ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, aprobó investigar títulos de abogados presentados por profesionales que pretenden la matrícula, pero que, según las denuncias, no cursaron la carrera de Derecho.
Este contexto ha avivado el debate sobre la necesidad de reformar el proceso de matriculación de abogados en el país.
Ante esta situación, los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Víctor Ríos Ojeda y Alberto Martínez Simón han propuesto la implementación de un examen de conocimientos como requisito para otorgar la matrícula de abogado.
Esta medida busca garantizar que los profesionales que acceden al sistema judicial tengan una preparación adecuada y actúen con la idoneidad necesaria en el ejercicio de su profesión.
El ministro Ramírez Candia expresó su preocupación por la pérdida de credibilidad que esta situación genera para la Corte Suprema y para el sistema de justicia en general.
“En las localidades del interior se sabe perfectamente quiénes son los que estudian y quiénes no, pero luego aparecen con el título de abogado”, indicó Ramírez Candia.
El ministro Alberto Martínez Simón plantea la posibilidad de modificar la Ley del Código de Organización Judicial (COJ) para incorporar el examen de conocimientos.
Martínez Simón sugiere que, si se decide que esta modificación debe realizarse mediante ley, la Corte Suprema puede utilizar su iniciativa legislativa para implementar este requisito.
Los artículos 89 y 93 del Código de Organización Judicial serían los que se pretende modificar. La adición propuesta al artículo 89 incorporaría un inciso que establece la “aprobación de un examen de competencias administrado por la Corte Suprema de Justicia” como requisito para ejercer la abogacía.
Según el ministro Víctor Ríos Ojeda, la estructura actual del sistema de educación superior del Paraguay obliga a la Corte a otorgar las matrículas a los egresados de universidades del país, pero resalta la responsabilidad social de la Corte de garantizar a los ciudadanos que los profesionales del derecho tengan la formación necesaria.
Este caso pone en el centro del debate público la necesidad de un cambio profundo en el sistema de formación y habilitación de los profesionales del derecho en el país, reforzando la integridad y la credibilidad de una de las instituciones más fundamentales de la sociedad.
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