Enrique Kronawetter, actual miembro del CM. Foto: Virgilio Vera
En una medida controvertida que amenaza con sacudir la estabilidad política del país, el presidente electo, Santiago Peña, busca designar a la exministra de Corte Alicia Pucheta como la representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM), reemplazando al actual titular, Enrique Kronawetter.
La Ley nº 296, que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, establece que Kronawetter debería dejar el cargo solo una vez que su mandato finalice en 2026. Según el senador Rafael Filizzola (PDP), la única forma en que Kronawetter podría ser reemplazado es si él renuncia.
Recordando la historia, Filizzola hizo referencia a una situación similar durante la presidencia de Raúl Cubas. En aquel momento, se intentó forzar el cambio de representante, pero la Corte hizo valer lo establecido por la ley.
Filizzola recalcó: “La ley es muy clara, establece un plazo, un término de mandato de tres años y además es una medida que fue interpretada de esta manera por todos los presidentes que han habido”.
Si Peña procede con la propuesta, podría desencadenarse una crisis política. Existen cargos cuyo cambio no puede ser decidido unilateralmente por el presidente al asumir, y este es uno de ellos.
Filizzola expresó su preocupación, afirmando que tal acción significaría una “crisis política innecesaria” y dejaría mal parado al Poder Ejecutivo.
La posibilidad de que el propio Poder Ejecutivo intente violar una ley tan relevante como la del Consejo de la Magistratura pone en tela de juicio la confianza en el país y los principios básicos del Estado de Derecho.
El senador concluyó: “¿Qué confianza puede haber en un país donde no rigen los principios básicos del Estado de Derecho?”.
El intento del presidente electo Peña de reemplazar a Kronawetter por Pucheta es una jugada arriesgada que va en contra de las normativas establecidas. La posible violación de la Ley nº 296 podría llevar a una crisis política y dañar gravemente la imagen del país.
La situación actual exige una reflexión profunda y una toma de decisiones cuidadosa para garantizar que se respeten las leyes y se mantenga la estabilidad política.
Los próximos pasos del presidente electo serán observados de cerca tanto a nivel nacional como internacional, y el manejo de esta situación será una prueba crucial de su liderazgo.
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