En un caso que ha generado gran atención, la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa han sido condenadas a cuatro y tres años de prisión, respectivamente, por la muerte de la joven María Sol Chávez, quien ingirió una dosis letal de flúor recetada y proporcionada por estas profesionales de la salud.
El fatal incidente ocurrió en abril de 2021, cuando la paciente, de tan solo 22 años, seguía un tratamiento odontológico con la doctora Espinoza.
Esta le recetó, de manera inadecuada, una dosis letal de flúor en comprimidos, indicándole que debía consumir dos por día durante dos semanas.
Siete horas después de tomar el primer comprimido suministrado por la empresa Botica Magistral, donde trabajaba la química Sandra Hermosa, Chávez acudió a un sanatorio con malestar, lo que lamentablemente terminó en un paro cardiorrespiratorio fatal.
El juez Héctor Capurro, a cargo del tribunal que dictó las condenas, explicó a ABC Color que la odontóloga fue acusada de homicidio culposo, y si bien la pena máxima por este delito es de cinco años de prisión, la condena de cuatro años se determinó considerando “agravantes y atenuantes”.
Entre estas circunstancias se tuvo en cuenta que la imputada no tenía antecedentes penales y que no se cumplieron los requisitos para inhabilitarla en el ejercicio de su profesión tras cumplir su pena.
En cuanto a la química farmacéutica, el juez señaló que su acusación fue por una conducta omisiva, ya que no siguió ciertas leyes y reglamentos del Ministerio de Salud para la preparación de medicamentos magistrales.
La fiscalía argumentó que Sandra Hermosa debió haber advertido sobre la dosis letal recetada por la odontóloga, y que debió comunicarse con Espinoza para evitar el trágico desenlace.
La imprecisión en la receta original y en la comunicación vía WhatsApp con la paciente, donde se repitió la misma medida letal, fueron factores clave en el fallo.
El caso ha desatado un debate sobre la necesidad de modificar el marco penal en relación con la mala praxis médica.
El juez Capurro sugiere que el Poder Legislativo podría considerar establecer condenas más graves en casos de negligencia médica, con el objetivo de garantizar una mayor responsabilidad en la atención de los pacientes y evitar tragedias como la de María Sol Chávez.
Este caso ha puesto en evidencia la importancia de seguir los protocolos médicos adecuados y la necesidad de que los profesionales de la salud sean responsables y precisos en sus acciones.
La justicia debe garantizar que casos de negligencia médica sean tratados con la seriedad y severidad que merecen, buscando siempre proteger la vida y el bienestar de los pacientes.
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