Los kits de alimentos en el polideportivo municipal de Ciudad del Este, durante los primeros meses de la pandemia. Foto: Gentileza
El abogado Guillermo Ferreiro Cristaldo asumió la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y del exdirector de Finanzas de la Municipalidad, Francisco Arrúa, en el caso por supuesta compra fraudulenta de alimentos.
Ferreiro solicitó la suspensión de imposición de medidas convocada para el 28 de julio, argumentando un viaje a Argentina previsto entre el 25 y 28 de julio, presentando constancia de pasajes aéreos comprados antes de la imputación.
El abogado defensor pide el tratamiento rápido de todas las pruebas que la Fiscalía considere pertinentes para aclarar el caso, en un plazo de seis meses.
Argumenta que con una investigación rápida se evitará una prórroga extraordinaria innecesaria y un posible sobreseimiento provisional que alargue el proceso por unos 4 años. Ferreiro Cristaldo advierte que esta prolongación podría mantener a Prieto imputado cerca de las elecciones generales.
Ferreiro sostiene que la Fiscalía ha sido “instrumentada políticamente” y busca que el juicio oral y público por presunta lesión de confianza se realice lo antes posible. Según la imputación fiscal, la Municipalidad de Ciudad del Este habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 por la compra de alimentos en 2020 mediante una licitación excepcional, adjudicada a la firma Tía Chela SRL.
La hipótesis fiscal sugiere que Tía Chela SRL no tenía la capacidad técnica ni financiera para proveer los alimentos por G. 2.949.650.000 y no se pudo rastrear los productos adquiridos a sus proveedores. Además, en la lista de beneficiarios figuran personas residentes fuera del país y de Ciudad del Este.
Prieto afirma que todas las cestas de alimentos fueron entregadas a las familias afectadas por la pandemia y que la entrega está debidamente documentada y georeferenciada.
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