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Imputan al intendente de Ciudad del Este por malversación de fondos

El intendente de CDE y otros diez implicados enfrentan cargos por una presunta compra fraudulenta de kits de alimentos durante la pandemia,.

Imputan al intendente Miguel Prieto por presunta lesión de confianza. Foto: Wilson Ferreira.

El intendente Miguel Prieto Vallejos, y otros diez individuos se encuentran bajo la mira de la justicia, enfrentando cargos por lesión de confianza debido a una presunta compra fraudulenta de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, se estima que la Municipalidad de Ciudad del Este sufrió un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la adquisición de los alimentos realizada en 2020 a través de una licitación convocada por excepción y adjudicada a la empresa Tía Chela SRL.

Los coimputados incluyen a:

  • Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones
  • Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal
  • José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario
  • Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes
  • Francisco Arrúa Álvarez, exdirector de Administración y Finanzas
  • Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros
  • Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago
  • Nelson Segovia Acevedo, tesorero
  • Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL
  • Emili Vanessa Florentín Páez, propietario de la firma Vanemi SA.

Según la imputación fiscal, basada en el dictamen de la entonces coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, Maggi Fariña, en marzo de 2020 el intendente Prieto Vallejos convocó a una licitación por excepción para la compra de cestas básicas destinadas a familias de escasos recursos afectadas por la pandemia de Covid-19.

El fiscal Corbeta afirmó en una entrevista con Abc Cardinal que la vía de la excepción, un proceso más rápido y sin control de la Junta, no correspondía a la convocatoria, sino que debía haberse realizado a través de una licitación pública a nivel nacional. Además, mencionó que el intendente Prieto ya estaba distribuyendo los kits de alimentos antes de la firma del contrato.

Corbeta también reveló que la empresa adjudicada carecía de la capacidad técnica y financiera necesaria para obtener un contrato público de tal magnitud, lo cual se constató al analizar sus movimientos comerciales a través de registros de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Los datos obtenidos durante la investigación indican que Tía Chela SRL había adquirido parte de los alimentos a la empresa Vanemi SA, así como a contribuyentes denunciados como inexistentes por la SET. Sin embargo, las adquisiciones de Tía Chela SRL no alcanzaban la cantidad de alimentos contratados por la Municipalidad de Ciudad del Este.

El fiscal Corbeta también informó que, mediante un control aleatorio llevado a cabo por la Oficina de Crimen Organizado de la Policía, se descubrió que la mayoría de los beneficiarios que aparecían en las listas de entrega de alimentos eran residentes fuera del país o de Ciudad del Este.

Ante esta situación, el equipo fiscal solicitó al juzgado el arresto domiciliario de los imputados, así como su incomunicación con otros funcionarios de la Municipalidad para evitar obstaculizar la investigación. Actualmente, el caso se encuentra en trámite en un juzgado de Asunción.

Resulta igualmente sospechosa la celeridad con que el fiscal Corbeta imputa al intendente Miguel Prieto,  que cuenta con una  gran aceptación y es un candidato potable para la chapa presidencial opositora en el 2028.

Mientras tanto el cartismo colocó hace semanas al senador  Javier Zacarías Irún en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados,  ex intendente de Ciudad del Este que cuenta con innumerables casos de corrupción y fue blanqueado por la justicia.

 

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