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Contraloría va indagar patrimonio de fiscala Uemura

La Contraloría General de la República ha iniciado un examen de correspondencia de las declaraciones juradas de la fiscala Katia Uemura, en la estela de la detención de su esposo por presuntos vínculos con el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

Contraloría inicia exámenes de correspondencia de bienes de la fiscala Katia Uemura. Foto: UH

El inicio del examen de correspondencia

El contralor Camilo Benítez anunció que la Contraloría ha comenzado de oficio un examen de correspondencia a las declaraciones juradas de Uemura, quien previamente se desempeñó como agente de la Unidad Antidrogas en Pedro Juan Caballero. Este procedimiento, que puede llevar hasta seis meses, es crucial para descubrir posibles discrepancias entre los ingresos declarados y los bienes adquiridos, anuncio a Última Hora.

La realidad de la correspondencia en la función pública

Benítez reconoció que la Contraloría no ha cumplido con su mandato constitucional de realizar exámenes de correspondencia a todos los funcionarios públicos. Según él, aunque el 70% de los funcionarios públicos tienen correspondencia, existe un alto porcentaje de declaraciones falsas. Desde su asunción, la cantidad de exámenes de correspondencia se ha quintuplicado, pero sigue siendo insuficiente.

Las consecuencias de la Operación Pavo Real

La detención del esposo de Uemura, Daniel Montenegro Menesez, en el marco de la operación Pavo Real, ha causado un revuelo significativo. Esta operación tiene como objetivo desmantelar la red criminal de Pavão y capturar a sus asociados.

Polémicas y controversias recientes

Uemura ha estado en el centro de varias controversias recientes. Sus comentarios sobre el asesinato del periodista Humberto Coronel han causado indignación. Además, su mansión en Pedro Juan Caballero fue allanada como parte de la operación Pavo Real. A medida que estas investigaciones continúan, el escrutinio público sobre Uemura y su patrimonio probablemente aumentará.

Entre las supuestas irregularidades en sus funciones figuran desde presunta parcialidad y hasta la liberación de peligrosos narcos. La Asociación de Abogados del Amambay la denunció en 2015 por no haberse inhibido en tres causas en las que su esposo, Daniel Montenegro, defendió a los procesados por la fiscala.  También se encuentra investigada por el JEM por haber votado en las internas del 2021. De acuerdo con datos públicos, tiene un salario de G. 17 millones en la Fiscalía.

 

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