Los acusados en la causa por lesión de confianza a los socios de la Caja de Jubilados Bancarios. Foto: Gentileza.
Una causa polémica que involucra más de G. dos billones 500 mil millones y que ha sido objeto de investigación durante cuatro años ha sido interrumpida de manera abrupta y sorprendente. Este caso, que acumuló nueve tomos de documentos probatorios de acusación y contaba con la opinión de la jueza interviniente de elevarlo a juicio, fue sobreseído definitivamente por una funcionaria de la Fiscalía General. Este acto se realizó sin considerar ninguno de los detalles anteriormente mencionados, cerrando así el capítulo de esta causa.
Esta actuación emite una señal preocupante a la sociedad paraguaya y al mundo. Indica que no importa la cantidad de investigación realizada, el tiempo invertido por el Ministerio Público y el magistrado interviniente, el estrés de los querellantes y víctimas (en este caso, cerca de 15.000 familias) o las expectativas de la sociedad sobre un caso relevante. Lo que parece importar es cómo manipular la voluntad de una sola persona para cerrar un caso, demostrando así la vulnerabilidad del proceso judicial y la ligereza con que se decide el destino de las víctimas.
No existe un marco regulatorio claro para el manejo de casos como este, lo que aumenta la sensación de impotencia y el profundo desdén por los principios del Estado de Derecho. La falta de transparencia en los procesos judiciales es preocupante y es una amenaza a la democracia. La sociedad necesita estar informada para evitar que sean cometidos los mismos errores en el futuro. Es necesario fortalecer el sistema de justicia para asegurar que las víctimas de este tipo de situaciones no queden desprotegidas.
Como prueba de la veracidad de lo expuesto, se hace referencia a la N.S. N° 1633 de fecha 22 de abril de 2023, de la Corte Suprema de Justicia a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional. Esta nota encomienda la realización de una auditoría integral de la causa N° 9790/2019 “JOSE ANTONIO CABALLERO BOBADILLA Y OTROS S/LESIÓN DE CONFIANZA, Directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (Caja Bancaria)”.
Esta auditoría de igual manera no termina de responder a la pregunta clave: ¿Quién fue responsable de la salida procesal, el Poder Judicial o la Fiscalía?Solo termina concluyendo lo siguiente:
«De todo lo expuesto precedentemente, es criterio de esta Dirección, recomendar la remisión del presente informe a la Superintendencia General de Justicia de la Corte Suprema de Justicia, en relación a las actuaciones de la Magistrada Cynthia Paola Lovera Britez y de la Actuaria Judicial Ana María Jiménez. Y con relación a la intervención de todos los Agentes Fiscales, la remisión del presente informe a la inspectoría del Ministerio Público, salvo mejor parecer del V.V.E.E.»
Las víctimas consideran que la causa 9790/2019 no puede terminar de esta forma, por algo la ley brinda la oportunidad a los procesados de demostrar su inocencia en el juicio oral. En última instancia, si se demuestra culpabilidad, sería el Estado Paraguayo el responsable de reparar el daño patrimonial causado a la entidad de amparo social de más de 15,000 familias. Este caso y su manejo envían una señal de impunidad que es inaceptable en cualquier sistema de justicia que se precie de ser justo y equitativo.
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