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Peña podría violar ley de «puertas giratorias»

Pese a la falta de reglamentación, la normativa que previene, sanciona y reglamenta el conflicto de intereses en la función pública está en vigor. No se debe permitir que su falta de reglamentación sirva de excusa para su incumplimiento.

Ministro de Hacienda. Foto: TN.

Santiago Peña nombró en su amplia mayoría como ministros de su futura cartera a hombres de confianza de Horacio Cartes y hasta el momento a un gerente, como el reciente caso de Carlos Fernández Valdovinos para el Ministerio de Hacienda, actual titular del Banco Basa y ex presidente del Banco Central con cuestionado accionar.

Sin embargo, con una ley de conflicto de intereses en vigor que establece restricciones a las «puertas giratorias», este nombramiento resulta en violaciones legales, sumándose a una lista de casos similares dentro del mismo sector político.

Kattya González, diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) y promotora de la ley, confirma que se trata de un evidente conflicto de intereses. Según González, la reciente designación representa una clara situación de conflicto de intereses que requiere análisis. Espera que se pueda reglamentar la ley y poner en práctica la declaración jurada de intereses, dada la clara presencia de un conflicto en esta designación.

El Riesgo de la Información Sensible

La práctica de nombrar a gerentes de empresas como ministros, y viceversa, lleva a un uso indebido de información sensible y privilegiada del Estado. Este tipo de maniobras erosionan la confianza en las instituciones públicas y pueden propiciar actos de corrupción.

La ley exige una declaración jurada de intereses, que será pública, para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Esta medida es un paso vital hacia la prevención de conductas que pueden comprometer la imparcialidad de los funcionarios públicos.

Medidas Preventivas y Correctivas

Además de la declaración jurada, la normativa prohíbe ciertas conductas, exige la venta o renuncia a activos y limita las actividades de los funcionarios tras su salida de la función pública. También brinda recomendaciones previas a las designaciones de altas autoridades y ofrece asesoramiento preventivo. Al salir de la función pública, las personas no podrán proveer bienes o servicios al organismo en el que ejercieron funciones.

La normativa de conflicto de intereses en Paraguay es una herramienta esencial para proteger la integridad de la función pública. A pesar de la falta de reglamentación, su cumplimiento es obligatorio. Es esencial crear una cultura de integridad y transparencia en la función pública para proteger el interés público y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.

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