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Sanción del BCP a futuro Canciller genera tensión

El Banco Central de Paraguay esta por hacer pública una sanción con fuertes multas al futuro Ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, ex directivo de Interfisa, y a otros siete involucrados. Las medidas fueron tomadas tras identificar presuntas faltas administrativas en un sumario realizado a la entidad del 2018 al 2020.

Rubén Ramírez. Foto: Juan Manuel Herrera - OAS/OEA

El sumario evidencia «serias fallas administrativas» con perdidas que no se contabilizaron correctamente entre otras cuestiones. Ante esta situación, la banca matriz decidió sancionar a la entidad y a sus ex directivos, incluyendo a Rubén Ramírez.

Las fallas identificadas en el documento se calificaron como «graves». Se determinó aplicar una sanción equivalente a 1.500 salarios mínimos a Interfisa y de 150 salarios a cinco ex directivos. Además de Ramírez, los sancionados son Jorge Diaz de Bedoya, Darío Arce Gutiérrez, Rafael Lara y Alberto Ugarte Ferrari.

Salomón Ignacio Melgarejo y Juan Arístides Galeano también recibieron sanciones, equivalentes a 100 salarios mínimos. Por su parte, el contador Ángel Ramón Paredes fue sancionado con inhabilitación por tres años para ocupar cargos directivos o gerenciales.

Rubén Ramírez Lezcano, recientemente electo por Santiago Peña como Ministro de Relaciones Exteriores, ha cuestionado la resolución del BCP. Aseguró que recurrirá a la justicia, sosteniendo que no tuvo responsabilidad, participación o intervención en los hechos denunciados. Según él, los hechos datan de antes de su presidencia en la entidad bancaria y resaltó que el BCP emitió dicha resolución el mismo día en que el presidente electo, Santiago Peña, lo designó como parte de su gabinete para el próximo gobierno.

Además, señaló que fue parte del grupo del directorio que “inmediatamente puso a conocimiento las situaciones detectadas y promovió el proceso de regularización”.

«El presidente del BCP, Carlos Cantero, era gerente general de ese banco cuando saltaron los acontecimientos. ¿Una persona involucrada cómo
puede sancionar a una entidad de la que fue responsable?”, expresó Ramírez.

Ramírez calificó la sanción como «arbitraria, injusta e ilegal». Argumentó que tanto el procedimiento como la resolución dictada son nulas. «Por ello he tomado la decisión de recurrir ante la instancia judicial correspondiente», expresó.

Esta sanción amenaza con generar tensiones en el recién elegido gobierno de Santiago Peña ya que puede tener implicaciones importantes tanto para la administración de Peña como para la reputación y la efectividad del BCP.

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