Desde hace años se viene hablando de un perjuicio de más de G. 2 billones, en la Caja Bancaria y el caso llegó a los estrados judiciales.
Fueron procesados por lesión de confianza los componentes del Consejo de Administración, ellos son José Antonio Caballero Bobadilla, presidente, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Miguel Ramón Oro Domínguez.
Luego de varias idas y vueltas en el proceso, finalmente la Fiscalía Adjunta a cargo de las Unidades Penales Ordinarias de la Sede 1 del Ministerio Público, Patricia Rivarola Pérez, resolvió requerir el sobreseimiento definitivo en la causa caratulada como “José Antonio Caballero Bobadilla y otros s/lesión de confianza”, según el reporte de ABC Color.
De esta manera, la agente incluso contradijo el dictamen del perito de la Fiscalía Javier González Pérez, quien había determinado el perjuicio de más de G. 2,4 billones.
No se puede dejar de mencionar que el nuevo Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, emitió una resolución en la que dispone lo siguiente: “Reasignar a la fiscal adjunta Patricia María Rivarola Pérez para cumplir funciones como responsable de las Unidades Penales Ordinarias de la Sede I de Asunción, causas de delitos electorales de Asunción, Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Seguridad y Convivencia de las Personas, con sede en Asunción, para la supervisión de todas las unidades fiscales de esas áreas, conforme con los deberes y atribuciones legales inherentes a su cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones”. Recientemente, la agente justamente tuvo importante visibilidad en medios dando a conocer los trabajos a realizar en términos electorales en los próximos comicios.
Antecedentes del caso
De acuerdo a las pericias contables emprendidas por la Fiscalía y la querella adhesiva, las diligencias reafirmaron que los directivos estuvieron detrás de un perjuicio patrimonial a la entidad. Se observaron varias irregularidades en el manejo de la Caja entre los años 2015 y 2019, que impactaron negativamente al patrimonio.
El citado daño se comprobó en el déficit actuarial por el que atraviesa la institución actualmente.
La conclusión del perito Licenciado Javier González Pérez menciona: “Considerando que el perjuicio patrimonial consiste en un detrimento del patrimonio provocado por la acción u omisión por parte del garante del mismo, se puede inferir que estas consecuencias negativas en la situación actuarial de la Caja Bancaria, se configuran en un daño patrimonial por un total de G. 2 billones 495.216 millones 705 mil 82”.
