La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos elaboró un informe sobre el contexto corrupto e impune en el que se desenvuelve el país.
En uno de sus apartados, en el de la “Mujer”, incluso citó la causa que envolvió al periodista Carlos Granada, denunciado por sus colegas femeninas por acoso.
El extenso documento, que aborda diversos ejes, hizo referencia al modus operandi del comunicador y de la empresa de telecomunicaciones Albavisión, para la cual trabajaba.
“Granada usó su cargo y conexiones para acosar a jóvenes periodistas, algunas de las cuales abandonaron sus trabajos después de descubrir que su empleador se negó a tomar medidas contra Granada o presionó a las acusadoras para que renunciaran”, dice el texto.
Luego menciona: “Al 17 de octubre, Granada permanecía bajo custodia, mientras avanzaba el caso en su contra. Posteriormente el empleador de Granada, la empresa de telecomunicaciones Albavision despidió a las seis denunciantes y amenazó con presentar una demanda”.
Por otro lado, el informe habla de que Paraguay no incorporó de forma efectiva la ley que determina sanciones penales por corrupción a funcionarios públicos ante casos de malversación de fondos, evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza pública, falsificación de documentos y asociación delictiva; denunciados por medios de comunicación, sin que la Fiscalía comandada por Sandra Quiñónez actúe eficazmente.
También cita que políticos y personas con influencias evitaban condenas dilatando el proceso mediante varias jugadas, hasta llegar a los cuatro años de plazo, establecidos para las causas judiciales.
Indica condenas por corrupción a funcionarios públicos de bajo o medio nivel mientras que los de mayor rango, “disfrutaron de un alto grado de impunidad”.
El reporte de ABC Color señala que el documento estadounidense habla sobre la politización y corrupción que invade al Poder Judicial.
Así también, cita a la impunidad, la cual fue calificada como “endémica”, pues beneficia a funcionarios públicos de alto cargo, pese a las varias denuncias realizadas por la Prensa.
“Al 17 de octubre, los casos de corrupción de alto nivel no resueltos incluían a cuatro exministros de administraciones anteriores, dos exministros de la administración actual, tres exmiembros del Congreso y siete actuales, un exfiscal general, tres exgobernadores y un exjuez de la Corte Suprema de Justicia”, cita el documento.
