La Comisión Vecinal Plaza de las Residentas del barrio Las Lomas de Asunción emitió un comunicado en el cual solicitó la detención de la construcción de la estación de servicio del emblema Petrosur.
Por tal motivo, pidieron que la Corte no dé lugar a la medida cautelar otorgada por un magistrado a la firma en cuestión.
Indicaron que el surtidor ha comenzado con las obras sobre la calle San Juan XXIII entre César López Moreira y Cecilio Da Silva a pocos metros de la iglesia San Juan Bautista, del edificio corporativo del Banco Regional y de varios centros comerciales y viviendas.
Comentaron que esta situación amenaza a los habitantes y a todas las personas, quienes circulan por la zona, además, al medioambiente.
Los vecinos sostuvieron que las estaciones deben estar ubicadas en áreas lejanas a puntos de concentración de individuos, sin embargo, cada vez más se observa la construcción de estos expendios en zonas que deberían estar prohibidas.
Indicaron también que las empresas operan indiscriminadamente gracias a la permisividad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Municipalidad de Asunción y la CSJ.
El escrito señala que las obras se desarrollan sin considerar el artículo 10 inciso b) de la Ordenanza Municipal N° 07/11 que establece que las gasolineras no pueden ser construidas a menos de 50 metros de iglesias, centros de enseñanzas, edificios públicos, centros asistenciales de salud, centros recreativos, centros comerciales, lugares que conglomeren a más de 100 personas y/o estaciones transformadoras de energía.
Los lugareños demostraron su indignación y preocupación ante la medida cautelar aprobada por la Corte a Petróleos del Sur SA, lo que deja un precedente para que las demás empresas realicen la misma maniobra violando el marco legal vigente.
“Ante esta situación, solicitamos enfáticamente a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que anule la Medida Cautelar otorgada a la Firma Petróleos del Sur SA y que rechace el pedido de inconstitucionalidad al art 10 de la Ordenanza Municipal Nro. 07/11. Puesto que nuestra Constitución Nacional en sus artículos 6 y 7 garantiza que todos los ciudadanos tenemos el derecho de llevar una buena calidad de vida, de habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”, afirmaron.
“Pedimos al Poder Judicial como órgano que vela por el cumplimiento de nuestra Carta Magna, que haga primar los derechos fundamentales como la vida de las personas ante institutos jurídicos utilizados netamente con un fin comercial, dejando de lado lo que en esencia es el bien tutelado”, cita la última parte del escrito.
