Hugo Javier. Foto: Gobernación de Central.
Entre los meses de marzo de 2019 a diciembre de 2020, Hugo Javier González Alegre, a través de 51 resoluciones, habría autorizado indebidamente las transferencias de recursos, por la suma total de G. 24.424.032.733, en concepto de aportes, con el aparente fin de financiar los gastos administrativos y misionales de los proyectos que fueron presentados ante la Gobernación, sin embargo los fondos no habrían sido destinados para ejecutar tales obras.
Así mismo, el por entonces jefe de la institución, pese a todas las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos documentales, habría emitido las órdenes de pago y los cheques por medio de los cuales fueron desembolsados los recursos económicos en perjuicio de la Gobernación.
Las conclusiones favorables sobre la “viabilidad de los proyectos” emitidas por parte de Natalia Soledad Valenzuela Gómez, Armando Adolfo Soler Espínola, Fernando José Brítez Sánchez, o Víctor Basualdo Ramírez; las “verificaciones documentales” realizada por parte José Manuel López Duarte; los “Dictámenes Jurídicos” emitidos por Edgar José Zaracho Quintana; y memorándum emitido por Carlos Alberto Giménez Insfran (hasta el mes de junio 2019) y Javier Marcelo Rojas Giménez (desde el mes de junio de 2019), “solicitando la emisión de la resolución de autorización de transferencia”, habrían sido utilizados a los efectos de simular el cumplimiento de todos los requisitos legales, cuando en puridad, los mismos no habrían sido cumplidos.
Los documentos señalados, y que contendrían indebidamente conclusiones favorables tendientes a la autorización de los desembolsos, además, fueron utilizados como justificación y fundamento de las 51 resoluciones por las cuales el cartista Hugo Javier González, en su carácter de Gobernador del Departamento Central, autorizó las transferencias de recursos.
El fiscal indicó que en todos estos meses de investigación se cuenta con evidencias colectadas, que sugieren que existen suficientes elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible grave, atendiendo a la importancia de los bienes jurídicos protegidos.
En igual sentido, resulta necesario el sometimiento de los imputados al proceso, considerando además, que existen indicios suficientes para sostener, razonablemente, sobre su presunta autoría o participación en los hechos por los cuales fueron imputados.
Además de funcionarios, representantes de organizaciones civiles y Cirilo Daniel Darmanas Flores, y Anibal Andres Delvalle Cogliolo, Presidente y Tesorero, respectivamente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central, efectivizaron ocho cheques por la suma total de G. 1.693.409.509, que fueron desembolsados por parte de la Gobernación para financiar ocho proyectos, sin embargo, los fondos no habrían sido utilizados en su totalidad para ejecutar los proyectos, y se habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la Gobernación de Central que asciende a la suma de G. 957.763.109.
Los cheques efectivizados, los proyectos para los cuales fueron desembolsados, el supuesto perjuicio patrimonial que se habría ocasionado con cada uno de los desembolsos, que a su vez constituiría la suma que habrían sido logradas por los representantes de la entidad
Es así que Hugo Javier González y otras 49 personas, por los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público.
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