La jueza María Elena Cañete rechazó por segunda vez el pedido de medidas sustitutivas al arresto domiciliario que pesa contra el gobernador de Central, el colorado cartista, Hugo Javier González Alegre, con relación al hecho que investiga el Ministerio Público, sobre la supuesta mala ejecución de G. 6.352 millones (USD 1 millón), del fondo Covid-19 que el Ejecutivo transfirió a la Gobernación de Central en diciembre del 2020 para la reactivación económica durante la pandemia.
La defensa del Gobernador solicitó “igualdad procesal, levantamiento de arresto (medidas menos gravosas) y en caso que no se considere oportuno el permiso para trabajar e ingresar a la gobernación en el horario de 07:00 a 15:00, ofrecieron un inmueble que no tenía condiciones de dominio”, informaron desde el Juzgado.
Hugo Javier González fue imputado, junto con otras 14 personas, el 1 de noviembre de 2021 por los aparentes hechos de corrupción de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Pues en la rendición de cuentas del millón de dólares, aparecen facturas clonadas, entre otras muchas groseras anomalías.
Nuevamente, ahora en atención a los hechos que se le atribuyen a Hugo Javier, la decisión judicial de la jueza Cañete, “se basó en la justificación de dos soportes, por un lado la prevención del peligro de fuga y por el otro, el peligro a la obstrucción a la investigación”, de acuerdo al reporte de ABC.
La Fiscalía de Delitos Económicos sostuvo que ya no existe peligro de obstrucción por el tiempo transcurrido desde la imputación hasta el día de la audiencia de imposición de medidas que tuvo lugar el pasado 12 de abril.
En cuanto al peligro de fuga del procesado, la jueza Cañete sostiene que a pesar de la solvencia económica de Hugo Javier y del arraigo suficiente dentro del territorio nacional, esta magistratura tuvo nuevamente en cuenta “la gravedad del hecho que investiga el Ministerio Público y el grado de participación que tiene el imputado”, más aun teniendo en cuenta que los supuestos hechos fueron cometidos durante la pandemia.
En un intento desesperado ante la situación y seguir gobernando desde su encierro, Hugo Javier solicitó al juzgado mudarse a la sede de la Gobernación para vivir en el sitio, cumplir con su arresto y de esta manera seguir en el cargo. Horas después desistió del descabellado pedido.
El jueves, la Junta Departamental, rechazó por 14 votos la comunicación de ausencia remitida por Hugo Javier. El mismo, comunicó que su ausentaría desde el día 18 de abril hasta el 5 de mayo; sin embargo, el documento tenía fecha 19. La ley dice que dicha comunicación debe presentarse con antelación. También el gobernador dejó acéfala la institución desde el 12 de abril hasta el 17 y en ese tiempo no justificó su ausencia.
