Foto: Captura de video.
El abogado Andrés Casati, representante legal de Hugo Javier, confirmó que fue presentado el pedido para que su cliente cumpla su arresto en su domicilio legal en virtud a lo que establece el Artículo 53 del Código Procesal Civil, el cual indica que el domicilio legal de todo funcionario público es donde cumple sus funciones.
A pesar de lo mencionado, horas después de la presentación y, tras una reunión con el equipo jurídico y el propio Gobernador de Central, se decidió retirar el pedido y enfocarse en la apelación de la resolución anterior, la cual consideran aberrante e incongruente, argumentó Casati en contacto con Unicanal.
La jueza penal de garantías, María Elena Cañete, resolvió este martes no hacer lugar al pedido planteado por la defensa del Gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, quien pidió “permiso para trabajar” de 8:00 a 13:00.
La magistrada no concedió un permiso especial para que el procesado pueda acudir hasta la Gobernación de Central, de manera a seguir en sus funciones en horario normal y de esta manera se confirmó la medida inicial, ante el latente peligro de fuga y por la gravedad del caso que se investiga.
Con esta medida vigente, es cuestión de tiempo para que la Junta Departamental tome posesión y elija una nueva autoridad, considerando que González no podrá acudir a cumplir con sus funciones.
El Ministerio Público investiga el supuesto despilfarro de G. 6.352 millones (USD 1 millón) del fondo Covid-19 que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central. En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas y otras graves irregularidades.
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