Foto: Captura de video.
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó un sumario y dispuso la suspensión de dos jefas y dos funcionarios de los Registros Públicos, quienes habrían falsificado sellos de la institución para posibilitar la transferencia de un inmueble ubicado en Caaguazú de USD 3.500.000, con la cual se habría buscado estafar a un banco.
Los sumariados son: Patricia Candia, jefa de sección y la jefa adjunta Marlene Enciso, además de los funcionarios Rubén Santacruz, de Archivo, y el registrador Cesar Picaguá.
Por otro lado, se intentó sobornar a otros jefes, con el ofrecimiento de USD 35.000 para que no hagan la denuncia, según el informe de PDS.
Se sospecha igualmente la implicancia de una escribana que se trataría de Mirian Leonor Girett Franco con matrícula 895, quien sería la autorizante de la escritura pública presuntamente irregular.
Según la directora de los Registros Públicos, se trata de una escritura pública de compra – venta de hipoteca de un inmueble de Caaguazú por valor de 3.500.000 de dólares que tuvo ingreso normal, fue a sección y estando ahí es requerida su devolución a mesa de entrada porque en apariencia la escribana Mirian Leonor Girett pedía ver de nuevo su escritura porque según ella, había cometido errores y al tratarse de una escritura de mucho valor, la jefatura devuelve a la mesa de entrada y en 24 horas, la escritura desaparece.
Luego una escribana del interior del país se comunica vía WhatsApp con otra jefa de sección, preguntándole sobre un título que le habían llevado a ella para una operación de un banco, y grande fue la sorpresa cuando el título, cuya copia envió la escribana, era el título desaparecido.
González indicó que aparte de presentar la denuncia en el Consejo de Superintendencia, también se hizo en el Ministerio Público, ya que posiblemente se está ante un hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Explicó también que la suspensión de los citados funcionarios de los Registros Públicos es sin goce de sueldo.
Según la denuncia, el inmueble estaría registrado a nombre de Jacobs Thiesen y se trata de la finca 4, ubicado en Caaguazú, desprendimiento de una matriz, cuyos documentos habrían sido adulterados años atrás en dicha zona. Se habla de unas mil hectáreas.
La directora reveló que por terceras personas le ofrecieron coima para no denunciar el hecho. “Los ofrecimientos iban entre USD 20.000 a 35.000, para no presentar la denuncia o para inscribir la escritura que es de contenido falso”, manifestó González en contacto con C9N.
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