Miguel Corrales, titular de Apesa. Foto: ABC TV.
Corrales refirió que el subsidio debería de beneficiar a todos los emblemas y no centrarse en una sola empresa. “Para que el subsidio sea para los consumidores y no solo para una empresa (Petropar) y su grupo reducido de operadores, la medida debe implementarse en todas las estaciones de servicio del país, de lo contrario no llega al consumidor, además genera distorsiones en el mercado”, apuntó.
Agregó que, desde el sector empresarial, consideran a la ley 6900/22 como “atentatoria a la libertad de competencia”.
“Queremos decir claramente que la Ley 6900 es atentatoria a la libertad de competencia, y así lo ha expresado claramente la Conacom y, por tanto, debe de ser derogada”, puntualizó.
“Esta Ley 6900 está amenazando los puestos de trabajo de más de 30.000 personas en la cadena de valor, de la importación, distribución y comercialización del combustible, y puede llevar a la quiebra a más de 2.000 operadores de estaciones de servicio”, detalló. Por otro lado, destacó que desde el sector privado no solicitaron ni quieren el subsidio.
“Como sector privado afirmamos que no queremos subsidio, el subsidio dispuesto en la ley es para los consumidores, respetamos esa intención del Gobierno con objetivo de mantener la inflación, y favorecer al costo de los productos para el consumidor, por lo que manifestamos, que si va a haber un subsidio, el mismo debe ser a través de todos los emblemas que comercializan”, refirió.
“Fue una propuesta del Ejecutivo y nosotros, como ciudadanos y empresarios que queremos lo mejor para nuestro país, aceptamos esa condición de ver una posibilidad de alguna manera amortiguar kilos precios internacionales”, añadió Corrales.
Por su parte, Guillermo Parra aseguró que el subsidio tiene un trasfondo negativo y que solo exigen igualdad de condiciones para los trabajadores del rubro.
“A los que opinan que el subsidio es algo negativo, les quiero decir que estamos absolutamente de acuerdo con ellos, nosotros nunca hemos solicitado el subsidio para los combustibles, ni siquiera lo ha solicitado el Ejecutivo, porque esta Ley vigente, la 6900/22, surgió de unas negociaciones bajo presión y ejerciendo la fuerza de un sector específico con los parlamentarios”, disparó Parra.
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