Foto: Ministerio Público
La agente fiscal Marta Leiva encabezó el allanamiento de un inmueble, en el que presuntamente también se realizó el desvío de cauces hídricos hasta las plantaciones de unas 270 hectáreas de arroz.
Se trata de la Arrocera Rancho Don Rey, que pertenece a uno de los empresarios denunciados por los pobladores de la localidad de Coronel Oviedo, Rodolfo Mendez.
Los representantes del Ministerio Público solicitaron también la intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) como órgano rector ya que la empresa cuenta con licencia ambiental autorizada por la mencionada institución. Dichos documentos fueron entregados y exhibidos a la agente fiscal.
La presente causa es otra denuncia realizada por los pobladores y que fue abierta en enero. Tomó intervención inicialmente el agente fiscal Érico Avalos, pero posteriormente fue recusado por los denunciantes. La fiscal adjunta interina Gilda Villalba designó a la fiscal Marta Leiva en fecha 21 de enero de 2022 como interina del fiscal Avalos en la presente causa.
El sábado 22 de enero de 2022 durante un procedimiento de allanamiento ha había dispuesto el lacrado de los motores de bombeo y dicho lacrado es fiscalizado por la Policía Nacional e indicó que además se solicitaran informes al Mades con relación a los trabajos de control y fiscalización que deben realizar dicha cartera de Estado.
Entre los documentos exhibidos por el empresario se halla un acta de fiscalización. del Mades pero solo a los fines de recordar la vigencia de la Resolución 511/16 por el cual se regula la extracción de agua por bombeo para el regadío de cultivo de arroz en la Cuenca del Río Tebicuary, la necesidad de la presentación de los Planes de Bombeo Escalonado para su análisis y aprobación de parte de la institución.
Por su parte, en el caso de la Arrocera Challiol, la fiscal Marta Leiva, el 29 de diciembre abrió una investigación de oficio sobre el desvío de cuencas hídricas, del que presuntamente se realiza el desvío de cauces hídricos hasta las plantaciones de unas 800 hectáreas de arroz. El establecimiento allanado pertenecería a Alberto Chaliol.
Durante las diligencias iniciales llevadas a cabo, se identificó que la zona del arroyo Aguapety, específicamente donde se estaría realizando el desvío, era jurisdicción del agente fiscal de Delitos Ambientales Érico Avalos, quien fue recusado.
La causa fue nuevamente remitida a la agente Marta Leiva, quien realizó un allanamiento en la propiedad, oportunidad en que dispuso el lacrado de los motores y las bombas utilizadas para el bombeo de agua desde el arroyo mencionado. Actualmente la fiscal Marta Leiva fue recusada ahora por abogados del empresario arrocero.
Al igual que en el primer caso, la fiscal solicitó la intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) como órgano rector.
En este caso, la empresa si cuenta a la fecha con licencia ambiental autorizada por el Mades, pese a la vigencia de la Resolución 511/16 por el cual se regula la extracción de agua por bombeo para el regadío de cultivo de arroz en la Cuenca del Río Tebicuary, y la necesidad de la presentación de los Planes de Bombeo Escalonado para su análisis y aprobación de parte de la institución.
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