La Contraloría General de la República emitió un dictamen en relación a las irregularidades halladas en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
El documento emitido el 26 de agosto habla sobre la explotación de las máquinas tragamonedas, donde la resolución 34/20 de la Conajzar se contrapone al decreto del año 2017 y a una resolución del 2016 de la propia institución que prohíben el uso de estos dispositivos en lugares públicos.
“La contradicción surge, debido a que al autorizarse la habilitación de dichos juegos en locales cuya actividad comercial es diferente a juegos de azar o de suerte, es evidente que tales locales podrán ser de acceso a cualquier tipo de público”, refiere el informe de la Contraloría.
Asimismo, la Conajzar concedió de manera directa la explotación de estas máquinas a una empresa, sin haber realizado una licitación previa, como establece el marco legal vigente.
También refiere que el ente delegó sus competencias regulatorias a una firma denominada iCrop SA.
Otro punto marcado por la Contraloría fue que la institución adjudicó la explotación de la quiniela a TDP SA, empresa que adeuda hace cinco años más de USD 5 millones al fisco. La firma había presentado una acción de inconstitucionalidad para no abonar el impuesto, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó tal medida, informó el SNT.
“Ninguna empresa que va a licitar o va a participar de una licitación en este caso, una concesión, si tiene deuda normalmente no participa o no puede participar o no puede ser adjudicada, ahora no conozco los detalles del caso particular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar”, expresó el viceministro de Tributación.
Cabe rescatar que varios senadores presentaron una denuncia por varios delitos en la Fiscalía contra la Conajzar. En la Cámara Alta debe definirse el voto censura al titular de la institución, José Antonio Ortiz.
