Tragamonedas. Foto: ABC. Archivo
El extitular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, manifestó que existen normas que regulan los juegos de azar.
El marco legal regula la explotación de los juegos de azar y las funciones de la institución, hay juegos que se permiten a través de licitaciones o autorizaciones de la Conajzar como la quiniela, apuestas deportivas, juegos de casino, telebingo, bingo, entre otros. En un artículo se autoriza a los municipios que den licencia a otros juegos como juegos electrónicos de azar conocidos como tragamonedas.
Mencionó que bajo su gestión se reglamentó el uso de estas máquinas, que a más de ser una problemática legal es social. Como pauta se ordenó que estos dispositivos estén dentro de lugares cerrados, para que los municipios cumplan con el reglamento.
Mencionó que durante su administración lucharon contra la clandestinidad, ya que varias de estas máquinas operaban sin permiso en varias comunas y derivaron denuncias al Ministerio Público.
“En octubre del año pasado la Comisión Nacional de Juegos de Azar le autorizó a una empresa privada a que realice un censo, un catastro, a que controle, que fiscalice y a que cobre canon, entonces ahí donde yo me revelo como expresidente de la Conajzar, no tengo nada en contra del sector privado, no tengo nada personal en contra de las autoridades de la Conajzar, pero sí cuando se viola la ley, cuando se destruye la institucionalidad es donde yo me revelo y donde estoy haciendo declaraciones inclusive en varios medios, porque cuando la Conajzar le autoriza a una empresa privada a que cumpla sus propias funciones, prácticamente lo que hace es estar tercerizando las funciones de la Conajzar, se privatizó Conajzar”, expresó en contacto con Radio 1000 AM.
Mencionó que la empresa que realiza las fiscalizaciones es propiedad de un ciudadano brasileño y que el vocero de la firma habla frente a los medios sobre los procedimientos, como un funcionario más de la Conajzar.
Comentó que para que las máquinas tragamonedas funcionen, los dueños deben solicitar autorización al municipio y este tiene que establecer el pago de un canon.
A esto, agregó que la empresa fiscalizadora estipula el pago de un canon mensual que sobrepasa por 10 veces más al establecido por el municipio.
Precisó que en el país el cálculo estimativo de cantidad de estos aparatos es de 25.000 aproximadamente.
“30% se queda para el municipio y el resto se distribuye entre la gobernación y una parte a la DIBEN que lo transfieren algunos municipios de forma directa, no todos los municipios, pero la mayoría por lo menos en mi época estaba en un proceso de transferencia, no sé en la actualidad”, comentó en relación a la distribución de porcentajes de los cánones establecidos.
La empresa en cuestión es iCrop S.A. y en su portal web se puede apreciar una extensa resolución que le brinda amplias facultades sobre las máquinas.
La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, días atrás se reunió con personas que explotan los tragamonedas y advirtió la cuestión.
“Me reuní con representantes de propietarios de máquinas de azar, quienes se encontraban manifestando contra recientes resoluciones de la CONAJZAR, que apuntan a privatizar sus funciones. Daremos seguimiento a la denuncia de manera a preservar los intereses públicos”, publicó en Twitter.
“Es importante recordar que la recaudación de la CONAJZAR está destinada a la DIBEN para el pago de los gastos médicos de la pandemia. Es fundamental asegurar el cumplimiento de las obligaciones y que lo recaudado vaya al destino establecido”, agregó.
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