Ministros del Poder Ejecutivo. Foto: IP Paraguay.
Mediante una inversión de USD 2.513 millones, el Poder Ejecutivo busca llevar adelante la propuesta “Ñapu’ã Paraguay”, para fomentar obras públicas, empleos y contención social.
La presentación se realizó este lunes en Palacio de Gobierno y estuvo a cargo del Equipo Económico Nacional, donde asistió el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
El ministro de Hacienda, Benigno López detalló que se trata de una hoja de ruta para que el país pueda superar esta situación, refiriéndose a la pandemia.
Explicó que cuenta con varios componentes entre los que se destaca la protección social, la inversión pública para el cuidado del empleo y créditos para el desarrollo.
En ese sentido, señaló que los recursos a ser utilizados se distribuyen de la siguiente manera: más de USD 465 millones, para protección social; USD 1.372 millones, dirigidos a inversión pública y USD 676 millones, para créditos para el desarrollo.
Uno de los objetivos de la propuesta es extender las transferencias paliativas a la caída de ingresos y pérdidas de empleo.
Para ello, se prevén cuatro pagos de G. 500.000 para unos 770.000 beneficiarios potenciales, de agosto a diciembre. Mediante la ejecución de estas transferencias se constituirá un Registro Unificado de trabajadores informales.
En ese orden, enfatizó que otro de los puntos es la creación de 124.240 empleos directos e indirectos con inversiones para todos los departamentos del país
Así también, el Ejecutivo busca formalizar a unos 770.000 trabajadores para que puedan contar con la cobertura del seguro social del IPS. “Eso lo vamos estar presentando en los próximos días al Congreso”, anunció López.
Por su parte, la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, habló sobre las acciones concretas que se implementarán para beneficiar al comercio fronterizo, entre los que figuran la reducción de impuestos para el comercio, préstamos específicos mediante la banca pública y la creación del depósito aduanero.
Finalmente Benigno López, señaló que todo esto estaría acompañado de una serie de medidas para transparentar y reformar el Estado, que se implementarán desde junio a diciembre del presente año.
“Nosotros ni la ciudadanía estamos conformes cómo prestamos los servicios públicos y debemos cambiarlo. Estamos trabajando en el proyecto que va tener reglas nuevas, donde la meritocracia va a ser la base para entrar a la función pública. Otro punto es rediseñar las compras públicas. Es clave que estas leyes estén en vigencia cuanto antes”, recalcó, de acuerdo a lo informado por IP.
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