El pasado miércoles 26 de febrero, según Nota CGR N° 1205, el Contralor presentó la nota de denuncia ante la Fiscalía General.
El ente remitió el reporte sobre indicios de hechos punibles contra el Patrimonio. El documento CGR N° 15 foliado del 01 al 128 es el resultado del control realizado por la Dirección de Auditoria Forense, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el marco de las actividades de control correspondiente al seguimiento del Contrato CJB/ADM N° 30/14 de “Inversión Inmobiliaria por parte de La Caja De Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines”, suscrito con la firma Maromig S.A.
Así también, la Contraloría emitió otro informe N° 592/18, como resultado de la Fiscalización especial inmediata realizada a la Caja Bancaria, habiéndose detectado numerosas irregularidades en la ejecución presupuestaria de gastos, nivel 200 “Servicios no personales”, tales como:
La no implementación del Manual de Procedimientos de la Gerencia Administrativa, liquidación de Viáticos no acordes con la guía básica de rendición de cuentas.
También se apuntan pagos realizados en contravención a las disposiciones legales vigentes, también pagos a la empresa Inelec S.A. por servicios, a pesar de estar vencido el contrato.
Además, de pagos en servicios de vigilancia en contravención a las disposiciones presupuestarias y el escaso control y seguimiento de la asistencia a los vigilantes contratados para la seguridad de los locales de la Caja Bancaria.
Cabe mencionar que los miembros de la directiva se encuentran imputados en otras causas, es así que, según Acta de Imputación Nro. 40 de fecha 22 de noviembre de 2019, emitida por la Fiscal Stella Mary Cano de Woitas, se había formulado Imputación contra el Presidente de la Caja Bancaria Sr. José Antonio Caballero Bobadilla y los Miembros del Consejo de Administración Sres. Ángel Ramón Chamorro Ortiz, Miguel Ramón Oro Domínguez Y Xavier Hamuy Campos Cervera; por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
La denuncia fue hecha por el jubilado bancario Isidoro Colmán Moreno, y está sustentada en una serie de actos y hechos irregulares que habían sido detectados, comprobados e informados por escrito a la Caja Bancaria por distintos entes de control, incluyendo a la Auditoría Interna de la misma entidad.
Por otro lado, tanto la Caja Bancaria y las mismas autoridades imputados por la Justicia se encuentran sometidas a la instrucción de un Sumario Administrativo por supuestas irregularidades denunciadas en un reciente escrito de fecha 14 de octubre de 2019 emitido por la Superintendencia de Bancos.
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