El presidente de la Caja, José Caballero (de saco claro), y otros directivos. Foto: Gentileza.
Florentín mencionó a Radio 1000 AM que el objetivo de la diligencia es que se dé trámite al pedido de los querellantes.
La misma consiste en la revisión exacta de los motivos por los cuales los acusados gozan de un sobreseimiento solicitado por la propia Fiscalía.
“Nosotros solicitamos que se anule el sobreseimiento otorgado en forma arbitraria y contraria a cualquier interpretación racional que se le pueda dar a esta situación”, acotó.
Indicó que consideran es una aberración que el Ministerio Público justifique el sobreseimiento otorgado a los acusados, con el argumento de que estos supuestamente no sabían que con sus acciones estaban cometiendo hechos punibles. Ocasionando un perjuicio patrimonial de más de G. 3.400 millones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay.
“Es una vergüenza, como antecedente, como jurisprudencia, eso era una aberración, entonces no tuvimos otra que recurrir solicitando la anulación del sobreseimiento mediante una acción jurídica denominada Casación”, puntualizó.
Mencionó que las irregularidades cometidas por los responsables de la Caja ocasionaron un déficit actuarial de USD 273 millones lo que, según Florentín, pone en riesgo la situación de los Jubilados Bancarios y los Bancarios Activos con jubilación futura.
La investigación es por la creación de una empresa de maletín denominada Karakú SRL, que operaba supuestamente en una dirección en Lambaré, que luego se comprobó que era una humilde vivienda particular.
César Rodrigo Amarilla, el ex gerente general de la Caja Bancaria y supuesto mentor de esta empresa, formaba parte de las personas que operaban conjuntamente con los administradores de la Caja Bancaria, para las refinanciaciones de deudas de los jubilados.
Todo el esquema operaba en complicidad con los directivos de la Caja, pues estos eran quienes autorizaban los pagos de las comisiones, lo que se demuestran en la voluminosa documentación que integra el expediente judicial.
Se detectaron un total de 81 operaciones de refinanciación por un monto de G. 14.005 millones, entre los meses de mayo y agosto del 2016.
Florentín manifestó que se llegó a verificar que Karakú tenía un irrisorio capital de apenas G. 4 millones, por lo que era imposible que pueda otorgar créditos para cancelar deuda de los pensionados con la Caja.
César Rodrigo Amarilla, José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Hamuy Campos Cervera, habían sido imputados por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza, tipificado en el artículo 192 inciso 1° y 2° contenido en el capítulo IV Título II del Libro II del Código Penal, en concordancia con el artículo 29 del mismo cuerpo legal.
Sin embargo la Fiscalía, llamativamente otorgó el sobreseimiento definitivo a los cuatro últimos, acusando solamente a Amarilla, un personal de menor rango de todo el proceso.
El pretexto utilizado fue que si bien estas personas firmaron todos los documentos, tales como contratos, liquidaciones y cheques, supuestamente ante la consulta de la Fiscala Victoria Acuña, estos respondieron unánimemente que lo hicieron sin tener conocimiento de la gravedad del caso.
La Fiscalía General Adjunta admitió la responsabilidad de estas personas en el ilícito pero consideró que todas esas documentaciones comprometedoras no resultaban suficientes para una acusación a los Miembros del Consejo de Administración de la Caja, por ello ratificó el pedido de sobreseimiento libre definitivo a estos Directivos, Ordenadores de Gastos.
El Recurso de Casación es una acción que se interpone ante un Tribunal Supremo contra fallos definitivos o laudos, en los cuales se suponen infringidas leyes o doctrinas legales, o quebrantadas alguna garantías esenciales del procedimiento.
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