Cecilia Pérez. Foto: AAM.
Tras la fuga del jefe narco Jorge Samudio -alias Samura– comenzaron los cambios dentro de la cúpula del Ejecutivo, en un intento por dar solución a al problema de la inseguridad tanto dentro como fuera de las cárceles.
Es el caso de la abogada Cecilia Pérez, quien luego de un año vuelve a ser viceministra de Política Criminal y trabajará de cerca con Eber Ovelar, titular del Ministerio de Justicia.
En entrevista con AAM, Pérez habló sobre los proyectos para reformar “desde cero” las cárceles del país, formando académicamente a los agentes penitenciarios y cerrando para siempre la penitenciaría de Tacumbú, entre otras propuestas.
Cecilia Pérez, quien reemplazará a Alejandra Peralta en la cartera de Justicia, le pidió expresamente al ministro Eber Ovelar que la “deje avanzar” en los proyectos que ya había comenzado con el Gobierno del expresidente Horacio Cartes.
“Ese fue un condicionamiento para volver; yo le pedí al ministro que me deje avanzar en lo que nosotros habíamos comenzado”, manifestó. “Habíamos iniciado un proceso de reforma sentando las bases en la formación y capacitación del personal que iba a entrar en nuevas penitenciarías, algo que paralelamente se había proyectado”, agregó la abogada.
“Estos proyectos se habían tomado de una experiencia internacional positiva que la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), que era la reforma penitenciaria en República Dominicana”, agregó Pérez sobre el plan reformista.
La viceministra Pérez afirma que el pilar fundamental para la reforma del sistema penitenciario es “separar” el modelo viejo (contenido con sus problemas de drogas, corrupción, etc.) de otro nuevo donde se comience “desde cero”.
“Hoy estamos en una emergencia penitenciaria y eso hay que abordarlo; no la podemos dejar mientras hacemos una reforma y mientras tanto que explote todo”, argumentó.
“Es un problema serio que hay que tratarlo con los dos sistemas al mismo tiempo, porque este último año las cuestiones se agravaron, sumando un montón de factores, entre ellos la suma de malas decisiones”, agregó la abogada.
Cecilia Pérez señaló que existe “demasiado criterio político” a la hora de designar a los directores de centros penitenciarios, ya que son “cargos de confianza” que no requieren ningún tipo de experiencia dentro del sistema penal.
“No solamente es un error por traer gente de afuera que no conoce el sistema, sino que genera un problema interno entre el personal penitenciario”, dijo la abogada.
“Entonces los directores que vinieron de afuera ‘se desayunaron’ el nuevo sistema (…) no es igual nombrar a un director administrativo que nombrar a un director de un centro penitenciario”, expresó Pérez.
La viceministra indicó que en la actualidad no se cuenta con una ley para formar al personal de seguridad y tampoco a los directivos; es por eso que desde el Ministerio de Justicia planteará la “profesionalización” de una carrera penitenciaria.
“Armamos una malla curricular que tenía todos los requisitos de la Ley de Educación Superior, era un título de Técnico en Institución Penitenciaria. La tecnicatura tiene dos años pero en un plan piloto lo comprimimos a tres meses”, explicó Pérez.
“Hay que llevar una disciplina de vida, eso no significa estar en el cuartel, pero (los agentes penitenciarios) están en una cárcel y tienen que formarse”, sentenció la viceministra.
Cecilia Pérez asegura que, ante la falta de formación profesional, muchos guardiacárceles comienzan a sufrir problemas de salud mental y consumen drogas para sobrellevar la situación dentro de las penitenciarías.
“La experiencia lo demuestra: a los dos o tres meses comienzan los permisos por estrés, los certificados de psiquiatría, comienzan con los antidepresivos o los medicamentos para soportar esa vida. Y luego viene el problema de consumir drogas, porque tenemos una importante cantidad de agentes penitenciarios que tienen problemas de salud mental”, asumió la funcionaria.
Aunque en la actualidad se necesita un agente penitenciario por cada 10 internos como mínimo, esta cifra está muy lejos de ser una realidad en Paraguay.
“Hoy en Tacumbú tenemos un guardiacárcel cada 80 internos, y hay 16.300 personas privadas de libertad. El déficit es total, están rebasados”, afirmó la abogada.
“Tacumbú se tiene que cerrar, más tarde o más temprano. Cuando hablo de ‘cerrar’ no digo ‘cerrar y que explote Tacumbú’, digo cerrar el edificio, entregarlo para cualquier otro proyecto y migrar la población a un sistema de reforma desde cero, porque nuestra preocupación es la población”, afirmó la viceministra Pérez.
La funcionaria agregó que también se contempla la idea de crear nuevos centros penitenciarios en Emboscada que cuenten con pabellones de máxima seguridad.
El problema de las drogas es una constante en todos los penales del país; sin embargo, acercar ayuda profesional a los internos que sufren adicciones es una misión casi imposible, afirmó Cecilia Pérez.
“El problema de las drogas tiene que ver con un tratamiento de desintoxicación que en esos lugares no lo podemos hacer. Más de la mitad de la población de Tacumbú debería someterse a un tratamiento, porque quien más quien menos es adicto a algo”, agregó.
La viceministra Pérez señaló que muchos internos presentan trastornos mentales, pero los mismos no reciben un tratamiento adecuado dentro de las penitenciarías.
“En Tacumbú existe un pabellón psiquiátrico, y los que estudiamos derecho penal sabemos que quienes están con un trastorno mental se le declara ‘irreprochable’, no se le puede aplicar una pena y se le tiene que aplicar una medida”, explicó.
“Hicimos un contacto con el Hospital Neuropsiquiátrico que también presenta un déficit, no se contempla como un pilar importante la salud mental”, lamentó la funcionaria.
“Para nosotros son personas con problemas de salud mental, pero para ellos son pacientes con problemas judiciales (…) ese un gran problema que tenemos dentro del Estado”, finalizó.
En cuanto a las mujeres privadas de su libertad, la viceministra detalló que solo representan a un 7 % de la población penitenciara, por lo que muchas instituciones del Estado no tienen en cuenta sus necesidades y derechos.
“El 7% de la población penitenciaria nomás es femenina, y eso invisibiliza. La población penitenciaria femenina tiene otras necesidades que no se ven en la masculina”, manifestó.
“Hay cuestiones que parecen superfluas pero afectan a cuestiones de seguridad, como la falta de visitas, las visitas íntimas, todo eso genera en la población ciertas reacciones que pueden terminar en un motín o en un conflicto interno de seguridad”, afirmó Cecilia Pérez.
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