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Desde que se descubrió la polémica acta bilateral firmada para la compra de energía de Itaipú en el mes de mayo, se realizaron manifestaciones ciudadanas en todo el país para reclamar el juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez, el vicepresidente Hugo Velázquez y otros personajes que forman parte de la cúpula gubernamental.
Pero lejos de garantizar la “paz pública” y plantear el diálogo con los manifestantes, la Policía Nacional mostró su lado más represivo y afirmó, una vez más, el histórico y violento abuso de poder que caracteriza a la institución en el país.
En entrevista con el programa AAM, los expertos en DDHH y seguridad ciudadana, Dr. Jorge Vasconcelos y Dr. Jorge Rolón Luna, debatieron acerca del rol de la Policía y el trabajo que lleva adelante el actual Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.
El jueves 25 de julio comenzaron las manifestaciones contra Abdo Benítez frente a Mburivicha Róga, sobre la Av. Mcal. López. Allí fueron detenidos seis jóvenes, quienes aseguraron que los uniformados los ahorcaron y amenazaron con torturarlos. Finalmente, fueron liberados un día después de la manifestación.
El 12 de agosto, una nueva protesta se realizó en la zona de Tres Bocas de Asunción. Una vez más, manifestantes de diversos sectores fueron reprimidos brutalmente por la policía con gases lacrimógenos y balines de goma.
El pasado viernes en la localidad de Eusebio Ayala, un ciudadano reclamó el actuar de efectivos policiales del grupo Lince, quienes habían detenido a su hermano porque no portaba cédula de identidad. El hombre fue echado de la dependencia policial entre gritos y empujones, mientras reclamaba que le devuelvan sus pertenencias.
En Ciudad del Este también hubo manifestaciones a favor del juicio político, pero los efectivos policiales “despejaron el área” con una violenta represión para hacer circular camiones de gran porte que se encontraban en la inmediaciones. Varios manifestantes resultaron heridos.
Durante el feriado por la Fundación de Asunción, se llevó a cabo otra movilización en el lugar donde se aguardaba la presencia de Abdo Benítez. Pero el presidente no apareció y los ‘escraches’ recayeron en la figura del Monseñor Edmundo Valenzuela, a quien los manifestantes instaron a tomar posición sobre el polémico acta bilateral.
Aunque era una marcha pacífica, dos personas fueron detenidas y remitidas a la Comandancia de la Policía Nacional. Los oficiales no dieron explicaciones de por qué fueron privados de su libertad. Horas más tarde, desde el propio Ministerio Público informaron que los detenidos estaban siendo indagados con el fin de “constatar la existencia de hechos punibles”. En horas de la tarde, finalmente los liberaron.
Según explicó el Dr. Vasconcelos, la policía “no debe ponerse en papel de juez”, pero debe evaluar las causas antes de accionar de manera directa. Para ello debe basarse en la lista de delitos que figuran dentro del CPP.
“La policía interviene, no detiene, salvo que el hecho configure un delito tentado y la tentativa esté castigada. Está autorizado a prevenir, pero no una detención en abstracto”, dijo el experto.
Por su parte, Rolón Luna apuntó al ineficaz actuar de la Fiscalía: “Es un peligro para el Estado Constitucional de Derecho, porque un acta policial es prácticamente texto sagrado para los fiscales. Y conociéndole a nuestra Policía, los fiscales deberían tener un protocolo de actuación que le diga ‘voy a chequear esto’”, expresó el letrado.
En relación al caso ocurrido en Eusebio Ayala, el Dr. Rolón Luna manifestó que no portar documento de identidad no es causa para que una persona sea privada de su libertad.
“Ese es un procedimiento normalizado de la Policía Nacional bajo el nombre de ‘demora’, que es una figura que no existe ni en la Constitución ni en el Código Procesal Penal (CPP)”, indicó.
Ante la arbitrariedad de las detenciones y el mal procedimiento de la Policía Nacional, el Dr. Vasconcelos afirma que en Paraguay se necesita una ley para controlar a los uniformados que piden cédula de identidad o realizan otros controles de rutina en la vía pública.
“Hace años vengo reclamando la necesidad de una ley que establezca el procedimiento de identificación de las personas, como existe en el Código Procesal Penal de Chile, por ejemplo. En nuestro propio CPP se establece el procedimiento para la inspección de personas”, dijo el especialista en DDHH.
Tanto Rolón Luna como Vasconcelos, reconocen que la Policía Nacional lleva adelante prácticas de antaño, las cuales eran muy comunes durante el gobierno del dictador Stroessner. El abuso de poder y uso excesivo de la violencia son las características que marcan a la institución desde entonces.
“Hay una responsabilidad superior en la conducción de la política de la Policía, que no se ha detenido a analizar cuál es el rol que les corresponde, cuáles son las normas que regulan su funcionamiento. Y han determinado sencillamente a hacer las cosas como se hacían antes”, dijo Vasconcelos.
Rolón Luna, afirmó por su parte que “Esa policía stronista no tiene a la ley como elemento, sino a ciertos criterios propios de una cultura institucional policial que les dice ‘proteger a la autoridad, tratar mal al delincuente porque ese no es luego persona, después vamos a ver si tiene o no derechos’”, expresó.
Según afirmó el Dr. Vasconcelos, el uso de armas de fuego -incluso con balines de goma- está prohibido en el CPP.
“El Código Procesal Penal establece claramente en qué supuestos la policía puede hacer uso de armas de fuego: cuando se va aprehender a una persona por orden judicial, cuando haya residencia que ponga en peligro la integridad de las personas, con el propósito de evitar otro hecho punible, o en caso de fuga cuando no funcionen medidas menos extremas”, explicó.
Vasconcelos remarcó la falta aptitud de la mayoría de los fiscales, quienes con simples llamadas telefónicas determinan la detención de cualquier ciudadano sin hacer las averiguaciones previas.
En el caso de los dos detenidos en el microcentro por supuestamente “intentar escupir” al Monseñor Valenzuela, el doctor Vasconcelos explicó: “La actuación fiscal correcta era liberar a los detenidos e investigar a los policías por privación de libertad”.
“Esa conducta configura el hecho punible previsto en el Art. 124 del Código Penal como ‘privación de libertad’, sin embargo nadie es procesado por ese motivo. Los responsables son los fiscales y jueces de garantía”, agregó Vasconcelos.
En relación al trabajo que lleva adelante Juan Ernesto Villamayor como Ministro del Interior, los especialistas en DDHH mostraron su descontento con la gestión del funcionario.
“La imagen que proyectó al inicio era muy interesante (…) el poder civil, bajándole línea a la policía acerca de como actuar. Después se fue como degradando su imagen. Estoy muy decepcionado de él”, manifestó Rolón Luna. “Tiene el perfil de un político conservador que viola los DDHH, típico político latinoamericano mentiroso, que prefiere proteger el poder que los derechos”, agregó.
Vasconcelos, por su parte, manifestó: “Yo estoy absolutamente convencido de que (Villamayor) sabe perfectamente lo que nosotros estamos hablando. Y resigna sus conocimientos porque no tiene herramientas para hacer el trabajo de la forma adecuada. No lo justifico, apenas lo explico”, expresó.
Vasconcelos y Rolón Luna también hablaron sobre el cuestionado procedimiento fiscal en las investigaciones sobre el acta bilateral firmada a puertas cerradas en Itaipú.
“¿Se ordenaron secuestros de teléfonos celulares?, ¿se constituyeron a la embajada de Paraguay en Brasil a los efectos de revisar circuitos cerrados? No, se está escuchando la versión de los participantes en carácter de testigos”, criticó Vasconcelos. “Han arruinado cualquier posible investigación desde el principio”, argumentó.
Rolón Luna agregó que la “etapa de investigación” se dilata con frecuencia en los casos judiciales del país, y por lo general no se llega a imputar a ningún acusado.
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