2. ¿En qué consiste la nueva ley?
Según la normativa, una vez que se confirma la muerte cerebral del paciente, se procederá a la ablación de órganos y tejidos de su cuerpo. Los fines pueden ser dos: trasplantar los órganos y tejidos en otros seres humanos vivos, o ser utilizados con fines de estudio e investigación científica.
La financiación de la Ley Anita quedará a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Fondo Nacional de Salud, el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, el Fondo Solidario de Trasplantes, y también de los recursos establecidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.
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