Víctor Bogado. Foto: Captura.
Se trata de un selecto grupo integrado por ex parlamentarios, legisladores activos y otros políticos, vinculados a numerosos casos de robo y corrupción que indignaron a la ciudadanía.
A continuación, sepa cuáles son los 12 políticos con frondosos antecedentes.
El exlegislador se hizo conocido por el caso de los “caseros de oro”, en el que admitió que pagaba a los empleados de su estancia con dinero de la Cámara de Diputados.
La noticia generó una gran conmoción; y debido a la presión ciudadana, el diputado tuvo que renunciar a su cargo a pocas semanas de iniciar el periodo legislativo.
No obstante, su causa no tuvo mayor trascendencia en la Justicia; en 2018 fue beneficiado con suspensión de procedimiento. Se salvó de una pena carcelaria de hasta ocho años con tan solo pagar una multa.
La caía del legislador luqueño también es considerada una victoria de la ciudadanía.
El exsenador se encuentra preso junto a su hijo en la Agrupación Especializada, debido a un proceso en su contra por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y por haber prestado falsas declaraciones en el caso de los «audios filtrados», cuando se desempeñaba como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En septiembre del 2018, Jorge Oviedo Matto fue otro de los políticos que tuvo que renunciar por la presión de la ciudadanía. El exrepresentante del partido UNACE se encuentra imputado por tráfico de influencias.
En un audio se lo escucha decir “amanecé mañana en el banco, Cassey”, en un aparente pedido de coima a una fiscala.
El polémico legislador que forma parte del clan que gobernó Ciudad del Este durante las últimas décadas, se encuentra enfrentando un proceso por enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero.
También está ligado a otro proceso por lesión de confianza en la Municipalidad de Ciudad del Este.
La esposa de Javier Zacarías Irún también enfrenta procesos por los mismos hechos punibles que su marido. Asimismo, debe enfrentar otros dos casos por lesión de confianza y declaración falsa en su rol de intendenta de Ciudad del Este.
Hasta el momento, la pareja no se presentó a la audiencia de imposición de medidas. Cabe señalar que desde que el caso pasó a la Justicia, la defensa de los políticos esteños presentó 21 incidentes que dilatan el proceso.
El diputado con permiso fue uno de los primeros legisladores en cargar con el repudio de los ciudadanos y ser llevado a prisión. Actualmente guarda reclusión en la prisión de Viñas Cue.
Está siendo investigado por varios hechos punibles debido a su supuesto vínculo con el líder narco “Cucho” Cabañas.
Aunque es un diputado activo, el colorado Carlos Núñez está procesado por contrabando. Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicables los artículos que sancionan al contrabando y a la producción de documentos no auténticos.
Por esta razón, el legislador obtuvo su sobreseimiento definitivo.
En 2016, llamativamente, el diputado había admitido haber ingresado productos por USD 1 millón, pero haber pagado impuestos solo por USD 17 mil.
Luego de 5 años y un sinfín de chicanas por parte de su defensa, el político colorado finalmente enfrentó un juicio oral por el caso de «la niñera de oro”.
El exlegislador está acusado de estafa y cobro indebido de honorarios, por hacer figurar a la niñera de sus hijas como funcionaria del Estado y cobrar dinero público.
La condena se dio por cobro indebido de honorarios y fue condenado a un año, sin embargo no pisará la cárcel. Ahora se pide que sea echado de la Cámara Alta, al comprobarse que usó sus influencias para la contratación irregular en la binacionla de Gabriela Quintana, también hallada culpable.
El actual diputado por el Partido Liberal se encuentra imputado por tráfico de influencias y sobornos. Y aunque fue desaforado y no goza de los privilegios parlamentarios, su causa no avanza y ni siquiera se realizó una audiencia preliminar.
El actual presidente de la Cámara de Diputados enfrenta un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa, mientras ejercía funciones como gobernador del departamento de Paraguari.
No obstante, la investigación no se inicia por falta de peritos del Ministerio Público.
El senador liberal enfrenta una investigación por lesión de confianza. El mismo está acusado de causar un perjuicio de UDS 600 mil durante su gestión como ministro de Obras Públicas.
El diputado colorado enfrenta una causa similar al de José María Ibáñez, ya que también pagaba a los empleados de su vivienda con dinero público.
Fue imputado por estafa y cobro indebido de honorarios; sin embargo, sus colegas aún no aprueban el pedido de desafuero.
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