A través del escrito, publicado este domingo a través de medios impresos, detallan que la primera crisis financiera nacional fue entre 1995-2001 y que se vio acrecentada por la compra de un Banco Quebrado (Banco BUSAIF).
El documento está firmado por Abel Florentín, presidente de Afiliados Bancarios Organizados (ABO); Fernando Aguayo, presidente de la Asociación de Jubilados de Bancos Privados; y Rosa Acuña, presidenta de la Asociación de Ex Funcionarios Jubilados CJPEBA.
Indican en el comunicado que el salvataje en esa ocasión a la Caja Bancaria, tuvo un alto precio, que desembocó en la muerte de 998 jubilados, quienes no soportaron el impacto económico en sus finanzas personales, por el reaporte obligatorio de hasta el 54% de sus haberes jubilatorios y de pensiones, generada a través de una imposición del Poder Ejecutivo.
La imposición fue mediante la promulgación y aplicación de las Leyes N° 1.802/2001, N° 2.856/2006 y N° 3.492/2008.
Esta fue la respuesta del Gobierno Nacional en detrimento de los jubilados a la primera crisis financiera de la Caja Bancaria, entidad que fuera salvada a través de aportes obligatorios durante la primera crisis financiera.
El logro que significó la promulgación de la Ley Nº 4773/2012, pese al veto del Poder Ejecutivo, por la cual se disponía la devolución del 50% de lo reaportado por los Jubilados para el salvataje de la Caja, fue posible mediante el esfuerzo extraordinario de los Jubilados, Gremios y las propias Autoridades de la Caja de aquel entonces, apoyado por el Congreso Nacional, quienes interpretaron en su justa medida la gravedad de lo acontecido y como una medida reparadora de tanta injusticia hacia el sector.
A partir de la vigencia la citada ley, el Gobierno Nacional aportó parcialmente, para la devolución de los reaportes a los Afiliados.
Recordando esa situación, los jubilados claman de manera pública, en relación a la derogación de la Ley que establece la devolución parcial de los aportes.
El mencionado proyecto cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y fue remitida a la Cámara de Diputados , previéndose de manera inminente a través de esta acción la derogación parcialde la Ley Nº 4773/2012, transfiriendo toda la obligación asumida por el Gobierno en concepto de devolución de los reaportes de los Jubilados de aproximadamente (U$D. 18.000.000-) transfiriendo la obligación a la economía debilitada de la Caja Bancaria, disponiendo la utilización de los recursos destinados originariamente a atender obligaciones naturales de la Institución como Ente Público de Seguridad Social.
Todo lo que se expone en el comunicado se encuentra sentado en la “Memoria y Balance del año 2017 de la Caja Bancaria”, “Informe Ejecutivo – Estudio Actuarial”, Pág. 49, de donde se desprende la real situación financiera de la Caja Bancaria patentizándose un DEFICIT de G. 431.332 millones sin considerar los Gastos Administrativos ni Gastos por el Seguro Médico.
Es así que, al incorporar los Gastos Administrativos y el costo del Seguro Médico en el análisis, resulta un déficit de Gs. 1.529.373 millones, equivalente a USD 273.000.00.
Mientras que, desde el Banco Central del Paraguay, según NOTA SS.SG. N° 0332/15 de fecha 10 de setiembre de 2015, se ha afirmado que: … “Se estima que el Patrimonio de la Caja se hace negativo en el año 2031”.
Ante esto, los jubilados responsabilizan al Poder Ejecutivo y a las actuales autoridades de la Caja Bancaria, de toda consecuencia que pueda generar esta crisis financiera para la entidad, a través de la pretendida promulgación de una Ley planteada a espaldas de los afiliados de la Caja Bancaria, incluyendo a la gran masa de funcionarios bancarios, quienes, se vaticina, serán los afectados en el futuro, según el mencionado balance.
