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Millonarios desvíos, tráfico de influencias, sorpresivas renuncias, juicios y destituciones; estos hechos son moneda corriente dentro de la política paraguaya y desafortunadamente, no todos los casos son castigados con el real peso de la justicia.
No obstante, la presión ciudadana ha logrado que algunos de estos estos polémicos episodios no pasen al olvido; a continuación, conozca los 11 casos más impactantes de corrupción que sacudieron la política paraguaya en los últimos años.
A finales del 2017, comenzaron a filtrarse una serie de audios donde el exsenador colorado Óscar González Daher dejaba en evidencia cómo se manejan las internas de justicia en Paraguay.
Una de las grabaciones más polémicas, el parlamentario confesó que hizo firmar al exdiputado Oscar Tuma un documento para beneficiar a su hermano, Ramón González Daher, procesado por una invasión de inmueble que afecta al club Deportivo Estanzuela de Fernando de la Mora. El costoso terreno está valuado en USD 2.000.000.
Por el escándalo de los audios fueron procesados los exsenadores Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto del Partido Unace, y el exsecretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann; todos ellos imputados por los hechos punibles de asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias.
El pasado 26 de febrero debía realizarse la audiencia preliminar para determinar si el exsenador González Daher y los demás acusados van o no a juicio oral. No obstante, fue pospuesta debido a las chicanas puestas por la defensa de los hoy detenidos.
En el año 2013, un escándalo por cobro indebido de honorarios sacudió al país. El entonces Presidente del Senado, Víctor Bogado, nombró en la Cámara Baja a la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, con un elevado sueldo y sin cumplir ninguna función dentro de la institución pública.
De igual forma, la mujer figuraba como funcionaria técnica de la Binacional Itaipú. Quintana percibía un salario mensual de G. 13.237.400 y G. 8.793.300 respectivamente. Finalmente, la “niñera de oro” fue acusada por la fiscalía de cobro indebido de honorarios, mientras que sobre el legislador pesan los cargos de cómplice del cobro indebido y autor de la estafa.
El juicio oral -en donde la fiscalía presentará las pruebas contra los acusados- está previsto para el 15 y 16 de abril. Sin embargo, Gabriela Quintana podría lograr un fallo judicial para eludir proceso. Si lo consigue, el dictamen del alto tribunal también beneficiará al senador Víctor Bogado.
A finales del 2018, la Cámara de Diputados denunció ante el Ministerio Público a Miguel Ángel Carballo -conocido como el “mecánico de oro” de Víctor Bogado– por presunto cobro indebido de honorarios. El mismo sería testaferro del senador colorado y cobraba un alto salario dentro de la Cámara de Diputados.
Tras un largo proceso judicial, el magistrado Rubén Ayala Brun elevó a juicio oral la causa que involucra al “mecánico de oro” en hechos de enriquecimiento ilícito.
Corría el año 2013 cuando saltó otro caso de corrupción que indignó a la ciudadanía. Una investigación periodística evidenció que el diputado colorado José María Ibáñez utilizaba a tres personas que trabajaban en su quinta de Areguá, para cobrar honorarios de la Cámara Baja.
El parlamentario gestionó la contratación de Fabio Gómez, Viviana Falcón y Éver Falcón, quienes no cumplían ninguna función en el ente público, pero cobraban un sueldo de G. 2.500.000 cada uno como auxiliares administrativos. No obstante, los acusados firmaron planillas de entrada y salida que fueron certificadas por el propio Ibáñez y su ex jefa de gabinete, María Liz Gutiérrez.
Tras un largo proceso judicial, se demostró que Ibáñez y su esposa, Lorena Plabst, falsificaban la firma de sus tres caseros para quedarse los cheques que salían de la Cámara de Diputados. La Fiscalía Anticorrupción imputó por estafa a Ibáñez, su esposa, su jefa de Gabinete y sus tres caseros.
Y aunque los fiscales de la causa solicitaron que la misma se eleve a juicio oral y público, finalmente la defensa del legislador planteó una salida alternativa al proceso. De forma llamativa, Ibáñez fue sobreseído con la resolución del juez Julián López, quien solo determinó el pago de G. 30 millones y la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel, además de otras donaciones por un equivalente de G. 5 millones.
El exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo, fue acusado de robar una desmesurada cantidad de dinero de dicho ente público. En el año 2012, el funcionario desvió nada menos que G. 70.000 millones que fueron entregados a una supuesta Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenapropfh).
Con la complicidad de funcionarios del MAG y las casas comerciales de un solo propietario, este dinero público fue destinado a la compra de lujosas mansiones, vehículos, casas quinta, etc. La audiencia preliminar para Cardozo y los otros acusados en el caso (entre los que figura el exministro Rody Godoy), está fijada para el 2 de mayo del corriente año.
Por un supuesto perjuicio al Estado por la suma de USD 600.000, el parlamentario Enrique Salyn Buzarquis fue imputado y afronta un largo proceso judicial que ya lleva varios años.
Buzarquis se desempeñaba como ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el Gobierno del expresidente Federico Franco. El político habría firmado sin autorización un convenio con una empresa italiana para realizar un costoso estudio de suelo en el Chaco. No obstante, esta tarea ya había sido realizada por otra firma, por lo que el contrato directo de una nueva compañía era innecesario.
Confiado de que lograría el sobreseimiento definitivo de la causa, el parlamentario renunció a sus fueros de manera voluntaria. No obstante, la jueza María Griselda Caballero resolvió elevar la causa a juicio oral y público. Asimismo, resolvió rechazar el sobreseimiento definitivo planteado por la defensa del político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Tras una serie de audios que se hicieron públicos en noviembre del 2017, el diputado Carlos Portillo fue imputado por tráfico de influencias y su caso sigue siendo investigado por las autoridades. El 12 de noviembre del 2018, la fiscala de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, acusó formalmente al diputado Portillo y pidió su juzgamiento público por tráfico de influencias.
En las grabaciones que fueron publicadas en varios medios de comunicación, se escucha al legislador pedir la suma de USD 3.000 a la contadora Aida Fleitas -procesada por estafa- para conseguirle una resolución favorable en la Cámara de Apelaciones, conformada por Isidro González, Aniceto Amarilla y Myriam Meza.
Según la investigación fiscal, la abogada Lucía Escobar intermediaba en las “negociaciones”, sin embargo, el diputado Portillo alegó ser inocente y afirmó que dichos audios “son montados”.
El exparlamentario del Partido Unace, Jorge Oviedo Matto, dio un giro inesperado en su carrera política, luego de que se filtrara un audio donde se lo escucha citar a la fiscala Casse Giménez en un banco. La misma ratificó a la fiscalía que Oviedo Matto le pidió USD 10.000 para impulsar una denuncia contra su colega Karina Giménez en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Oviedo Matto fue imputado por el caso y actualmente enfrenta un proceso por tráfico de influencias, asociación criminal y coima. Ante los constantes escarches y la presión ciudadana, el exsenador se vio obligado a renunciar a la Cámara Alta, alegando motivos familiares.
Sin pudores, el senador colorado Enrique Bacchetta manifestó a través de Twitter su apoyo al diputado con permiso, Ulises Quintana, quien actualmente está siendo investigado por sus vínculos con el supuesto narco de Ciudad del Este, Reinaldo “Cucho” Cabaña.
Ante sus declaraciones, los integrantes de la organización llamada “Comisión Escrahce”, realizaron una serie de manifestaciones para exigir que el parlamentario renuncie a su puesto como presidente del JEM.
Ante la presión de la ciudadanía, Bacchetta pidió disculpas públicamente en una conferencia de prensa, y hasta derramó algunas lágrimas. No obstante, negó cualquier acusación en su contra y sostuvo que no abandonará su cargo en el Jurado de Enjuiciamiento. “Yo no voy a renunciar y pido a mis colegas que me den respaldo porque estoy haciendo bien mi trabajo en el JEM. Yo no le presioné a nadie y no cometí ningún hecho punible”, expresó Bacchetta.
El senador colorado Javier Zacarías, y su esposa la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, administraron esta importante comuna por casi 20 años. Pero en febrero pasado McLeod fue destituida por hechos de corrupción. Sobre ella y su marido pesan los cargos por lesión de confianza y otros delitos. Asimismo, enfrentan otra causa por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.
Actualmente, la exintendenta está siendo investigada por supuestas irregularidades en el cobro por estacionamiento en el microcentro de Ciudad del Este, y por dudas respecto al destino de esos fondos. Por su parte, Javier Zacarías Irún está acusado de destinar dinero del Municipio esteño para la campaña presidencial de Santiago Peña, ex candidato por Honor Colorado.
El matrimonio debe también debe enfrentar otro caso por declaración falsa, ya que supuestamente omitieron varios datos en sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República.
En el año 2015, el derrumbe de varias aulas en el Colegio Nacional de Lambaré, dejó en evidencia la ineficacia de las autoridades municipales y los numerosos casos de corrupción dentro de la comuna.
En aquella ocasión, un total de 23 estudiantes y una docente sufrieron heridas de diversa consideración. Por este hecho, fue abierta una causa judicial contra el exintendente Roberto Cárdenas y otros acusados, por supuesta mala utilización de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El ex jefe comunal habría causado un daño patrimonial de G. 266.730.000, al sobrefacturar el costo de las construcciones en la institución educativa.
Finalmente, el juez penal de Garantías Hugo Camé resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Roberto Cárdenas. Además, serán enjuiciados Alejandrino Duarte Centurión (constructor de la empresa ADC Construcciones); el abogado Guido Fernando Salcedo Díaz; el docente Vicente Acosta Gibbons (director del colegio); el arquitecto Francisco Villalba y el ingeniero civil Carlos Mendieta Candia.
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