El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Julio Ullón, informó que el Gobierno Nacional está trabajando en la revisión de la política energética. Se expidió con relación a la renegociación del Tratado de Itaipú, del Anexo C, para lo cual está evaluando la conformación de un equipo de trabajo.
En entrevista en Paraguay TV, Ullón informó que se está evaluando la conformación del equipo de trabajo que tendrá a su cargo el estudio y revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú y que ese trabajo estará encabezado el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y será coordinada desde el Gabinete Civil.
“Tenemos en cuenta los grandes desafíos que se aproximan y la necesidad imperiosa de crear nuevas alternativas de generación de energía eléctrica para la población”, sostuvo Ullón haciendo referencia al tratado que debe ser renegociado en 2023, señala la nota publicada en la agencia estatal IP.
En cuanto a Yacyretá, el jefe del Gabinete Civil, manifestó que el nuevo Anexo que han firmado ambos países ya ha sido aprobado por el Congreso Nacional y que actualmente se encuentra en estudio en el Congreso de la Nación Argentina.
De ser aprobado e implementado dicho documento, Ullón afirmó que se estaría solucionando el problema financiero de la binacional y el lado paraguayo va a ejercer plenamente la cogestión de la entidad.
El funcionario también comentó que dentro del Plan de Gobierno se tiene proyectado el estudio de factibilidad para la generación de energía eléctrica a través de pequeñas centrales hidroeléctricas en los ríos internos del país.
“Estamos hablando de un crecimiento promedio anual del 6,5% lo que hace que necesariamente en el próximo decenio tengamos que tener nuevas alternativas de generación de energía”, afirmó el ministro.
“Paraguay está con dos proyectos importantes con la República Argentina: el Proyecto Hidroeléctrico de Corpus Christi y el Proyecto Hidroeléctrico de Itati – Itacora, ambos aún en fase de negociación”, anunció.
Por otra parte, el jefe del Gabinete Civil se refirió al trabajo para la recuperación y digitalización de los decretos del Poder Ejecutivo que datan del año 1867 al 1930.
“Estos documentos de gran valor histórico hemos recolectado de los archivos del Palacio de Gobierno y consideramos que con la ayuda de la tecnología no sólo podemos seguir preservándolo, sino también poner a conocimiento y libre acceso a la ciudadanía”, comentó finalmente.
