La fiscala Soledad Machuca es la designada para hacerse cargo de volver a analizar el caso de lesión se confianza que es investigado en el interior de la Caja Bancaria por las operaciones denominadas “Karakú”. Sobre el caso investigado se encuentran imputados el presidente, los tres miembros del consejo directivo y un exgerente.
La fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, María Soledad Machuca, es quien ahora tiene la responsabilidad de investigar el caso de lesión de confianza que se habría dado en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines. La investigación realizada por la fiscala Victoria Acuña había comprobado la existencia de perjuicio patrimonial para la Caja Bancaria y que en la operativa existían indicios y suficientes instrumentales de pruebas para imputar al presidente, tres miembros del consejo de administración y un exgerente de la Caja Bancaria.
Sin embargo, curiosamente solo ha solicitado la acusación del eslabón mas débil (el Gerente) y por otro lado solicitó el sobreseimiento definitivo para los principales administradores de la Caja Bancaria (presidente y tres miembros del consejo).
Entre las instrumentales probatorias se incluyen númerosos documentos que tienen estampadas las firmas del presidente y miembros del consejo de administración, con lo cual se expone fehacientemente que los mismos tenían pleno conocimiento y participaron en la operativa que finalmente había generado un importante perjuicio patrimonial para la Caja Bancaria.
Un grupo de jubilados bancarios en calidad de querellantes adhesivos habían enfatizado ante la fiscalía la participación plena de los cinco imputados, y todos los documentos se encuentran dentro de la carpeta de investigación de la fiscalía, los que desembocaron en un significativo perjuicio patrimonial para el ente.
Los documentos mencionados y el daño causado al patrimonio fueron detectados por la misma auditoría interna de la Caja Bancaria, luego también corroborada por una pericia técnica a pedido de la fiscalía y, llamativamente, la fiscala Victoria Acuña, había pedido el sobreseimiento de cuatro procesados y que son los mismos que dirigen la institución, es decir de los principales responsables y garantes de la administración de los bienes del ente.
Hace unas semanas, la jueza Penal de Garantías, Leticia Paredes dio trámite de oposición al sobreseimiento solicitado por la fiscalía para los procesados José Antonio Caballero Bobadilla, actual Presidente de la Caja Bancaria, y de los Miembros del Consejo Directivo, Miguel Ramón Oro Domínguez, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera y Ángel Ramón Chamorro Ortiz.
En el exordio la Jueza expresa: “…en el marco de la investigación se recolectaron una serie de elementos de pruebas (pericias, testificales, documentales, entre otros); elementos que avalarían un requerimiento distinto al propuesto por la agente fiscal interviniente”.
Además, la magistrada menciona: “… por lo que a criterio de esta Juzgadora y teniendo en consideración, ante posturas opuestas entre las partes, estima conveniente dilucidar dichar posiciones oportunamente ante un juicio oral y público”.
Los jubilados confían en que a la luz de todo lo ya comprobado por la Fiscalia y del exordio de la misma Jueza Leticia Paredes, el caso será elevado a juicio oral y público ya que para ellos está cantado que los cinco imputados (presidente, tres miembros del consejo y un exgerente) jugaron contra los intereses del ente.
