Cecilia Pérez, abogada de los imputados, manifestó que se presentó documentaciones suficientes, con las que se demostró que se efectuó un mal cálculo de los ingresos de sus defendidos y que declaraciones juradas y extractos ponen al descubierto que se sumaron cada una de las transferencias entre cuentas como ingresos nuevos.
La letrada indicó además que en la audiencia anterior, el juez Humberto Otazú no respondió a sus preguntas y solo arguyó que existía peligro de fuga y obstrucción a la investigación.
Según Pérez, el magistrado intentó justificar la ratificación de la prisión preventiva, con dicho argumento, de acuerdo a los reportes de Abc.
Así también la abogada acotó que teme por la seguridad de sus clientes. “No les pasó nada, pero hay una preocupación por el perfil que tienen”, indicó.
En tanto que el juez Otazú sostuvo que el punible está penado con 1 a 10 años, catalogado como crimen y no permite la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
El dato
El exlegislador y su hijo están imputados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Debido al proceso, ambos están recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional desde finales del mes de setiembre.
