Los Afiliados Bancarios Organizados (ABO), la Asociación de Jubilados de Bancos Privados y la Asociación de Jubilados de la Caja Bancaria manifestaron que las personas que organizan y realizan eventos de apoyo a favor de los imputados son personas asalariadas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines y de la Independencia de Seguros S.A.
Según expresaron Dorys Alonso, Celmira Cáceres y César Pereira, quienes se muestran a favor de los procesados deben cumplir instrucciones de sus superiores y así se ven obligados a realizar una infundada pretensión de defensa para con las numerosas irregularidades que comprometen seriamente a sus patrones del ente jubilatorio.
Hablan de supuestos buenos resultados y que existe buena administración por parte de los imputados por la justicia, pero no responden a las numerosas irregularidades denunciadas ante la justicia.
Están imputados por lesión de confianza José Antonio Caballero Bobadilla, presidente de la Caja; además de los miembros del consejo directivo, ellos son: Miguel Ramón Oro Domínguez, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera y Ángel Ramón Chamorro Ortiz.
Los defensores de los imputados hacen referencia a ratios financieros o contables como grandes logros, sin embargo omiten mencionar que estos ratios solo han sido posible como consecuencia de negarse al pago del reajuste histórico de haberes de los jubilados y pensiones, desde hace más de 10 años.
Año a año al no pagar estos reajustes, ello representa un egreso no realizado que disminuiría el resultado económico de cada año en una suma aproximada a G. 146.000 millones.
