El documento fue presentado este martes ante el Ministerio Público por los abogados mencionados.
La acusación es contra el senador Javier Zacarías Irún, su esposa, Sandra McLeod, intendenta de la citada ciudad y el hijo de ambos, Javier Zacarías McLeod.
Además contra la diputada Rocío Abed de Zacarías y su esposo, el diputado Justo Zacarías Irún.
Así también contra el ex canciller Eladio Loizaga y otras personas innominadas.
La nota indica que la denuncia es por hechos punibles de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero, atendiendo a que todos son autoridades y funcionarios públicos vinculados con el Estado paraguayo.
Solo el hijo de la pareja, no está dentro del Gobierno. Reside en Londres, Inglaterra, estudia en una de las universidades más prestigiosas de Gran Bretaña.
Sin embargo se concedió un pasaporte diplomático al hijo del matrimonio, que fue firmado por el entonces canciller Eladio Loizaga, luego de un pedido efectuado por el titular de la Cámara Alta, Silvio Ovelar.
Señala además que el clan Zacarías posee varios edificios y apartamentos en Ciudad del Este y otras ciudades, que también deben ser indagadas y que están figurando con testaferros.
Por otra parte menciona que los diputados Justo Zacarías y Rocío Abed pusieron G. 1 mil millones cada uno para formar Gaia S.A en 2010.
Añade que una de sus socias fue beneficiada después con millonarios contratos en la Gobernación de Alto Paraná.
Acota que, al momento de la constitución de la empresa, Justo Zacarías era diputado por Alto Paraná, con un salario de G. 24.248.100.
Mientras que Abed era funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), con antigüedad desde 1994. Refiere que, en el 2017, el salario de la legisladora era de G. 7.600.000.
El dato
Los abogados piden que el fiscal Leonardi Guerrero «no sea designado por ningún caso en esta denuncia, porque tenemos información confidencial que el mismo ‘ya fue hablado’ por el clan Zacarías para buscar el blanqueamiento de sus presumibles actos ilícitos».
En el texto finalmente puntualizan el pedido el desafuero de los denunciados con la imputación de rigor y la aplicación de medidas restrictivas de libertad ante la gravedad de los hechos de los que se les acusa, de acuerdo a los reportes de Última Hora.
