En conferencia de prensa, la agente que imputó a los mencionados, dio detalles sobre las investigaciones realizadas por la Fiscalía. Se detectaron miles de millones que no lograron ser justificados por la defensa.
En el caso del ex alto funcionario del Estado, se encuentra imputado por enriquecimiento ilícito con una expectativa de hasta 10 años de privación de libertad. Por su parte, su esposa, Morínigo de Díaz, está requerida por lavado de dinero; podría pasar hasta cinco años en la cárcel y más teniendo en cuenta posibles agravantes. Se pidió prisión para los sospechosos, pero dependerá del juez que entienda en la causa.
[AHORA] #DetenciónDíazVerón «Solicitamos la medida de prisión preventiva para ambos, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero», fiscal María Estefanía González. Informa @luislopezneryh – @ABCTVpy. #730AM
— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) 13 de agosto de 2018
Los datos informados por la agente señalan que son G. 1.147 millones los que no lograron ser justificados por Díaz Verón. En el caso de su esposa, la suma asciende a G. 991 millones; en total se llega a más de G. 2.000 millones.
En uno de los datos más llamativos, se hizo alusión a que se invirtieron sumas importantes en una empresa que fija su dirección en un baldío. Se trata de la firma Salty River.
La pareja, en al menos tres compañías, invirtió en los últimos años unos G. 2.260 millones. En el caso de Salty River, posee al menos cuatro inmuebles, indicó González.
Agregó que se está indagando si las empresas son “fantasmas”.
Los datos fueron colectados gracias a informes proporcionados por bancos y a través de informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
En la misma conferencia de prensa, la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, aseguró que la fiscala del caso tiene su total apoyo y que no están para apañar “a nadie”.
Por el momento, los dos imputados se encuentran con paradero desconocido.
