Los antecedentes hablan de que el pasado mes de mayo, la fiscala Victoria Acuña solicitó acusación para César Rodrigo Amarilla, exgerente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. El pedido fue solicitado ante el juez penal de garantías Rubén Riquelme.
Por otra parte, solicita el sobreseimiento del presidente de la Caja, José Antonio Caballero Bobadilla; además de los miembros del consejo directivo, ellos son: Miguel Ramón Oro Domínguez, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera y Ángel Ramón Chamorro Ortiz.
Los mencionados fueron imputados por lesión de confianza en sus gestiones al frente de la Caja Bancaria por los mismos hechos que motivan la acusación para Cesar Rodrigo Amarilla.
En el pedido de acusación la agente fiscal señala que existió perjuicio patrimonial pero solo acusó al ex gerente, deslindando responsabilidad de los directivos.
Ante la situación, jubilados denunciaron a Acuña ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), además de recusarla.
La audiencia para determinar si los procesados son llevados a juicio oral quedó suspendida por lo que todos seguirán procesados hasta una nueva audiencia.
Por su parte, los jubilados bancarios solicitaron, mediante la querella adhesiva, juicio oral para todos los acusados.
Los hechos denunciados
El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre.
Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
La conclusión de lo mencionado señala: “Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
