Yolanda Paredes, abogada de González, conversó con Telefuturo y aseguró que locales supuestamente clandestinos de bitcoins no están siendo intervenidos debido a un esquema de protección.
La cobertura, patrocinada por el hermano de la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez, se daría mediante un pago de USD 200 mil.
Otro representante de González, Héctor Samaniego, cuñado del vicepresidente Hugo Velázquez, aseguró que fiscales cobraron dinero para realizar intervenciones, sin embargo no se concretaron y tampoco acceden a devolver el importe.
Más temprano, Sandra Martínez, abogada de una firma que sí fue allanada, aseguró que la concesión de la marca Bitmain a González es irregular, ya que es propiedad de una empresa china.
La empresa que fue afectada sufrió el secuestro de 1.510 procesadores de datos que sirven para “minar” bitcoins. Los aparatos fueron devueltos al comprobarse que no habían cuestiones irregulares.
