Paola Villalba, abogada de la firma Montego S.A., conversó con RDN y explicó que la firma trabaja amparada por una resolución judicial, del juez Oscar Gómez.
Además, plantearon una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Poder Ejecutivo que finiquitó la exclusividad de las apuestas deportivas a la firma Daruma Sam (Apostala).
En la víspera, dos locales de la empresa Montego, que opera con la denominación comercial Crown (anteriormente Apuestas Jockey), y uno de Enfield (Apostamina) fueron intervenidos por una comitiva de la Fiscalía y la Policía Nacional, señalando que los establecimientos trabajaban de manera irregular.
Según en el informe de los medios que cubrieron los operativos fueron solicitados y acompañados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
Villalba aseguró que actualmente las empresas pueden operar sin inconvenientes, incluso están al día con los cánones que requiere el ente regulador, pero son perseguidos con las medidas mencionadas y de otra índole.
Un hecho que llamó la atención consiste en que los allanamientos fueron realizados por tres fiscales, todos ellos de la Unidad de Convivencia, siendo que el Ministerio Público cuenta con una Unidad Especializada en Juegos de Azar.
Incluso conversaron con el fiscal Rodrigio Estigarribia, en la mañana de este viernes. El agente de la Fiscalía, según Villalba, les manifestó que en su ánimo no estaba imputar, sino seguir con los operativos de cierre de locales, ya que los equipos son decomisados.
Matar el negocio
La versión brindada por la abogada señala que la intención es matar el negocio para las empresas que compiten con Apostala, para ello buscan desprestigiar las marcas afirmando que están trabajando al margen de la ley, siendo que cuentan con un amparo que brinda el aval para seguir operando normalmente y aportando al Estado, como lo siguen haciendo.
“Claro que es un escándalo, yo quiero que te imagines el escenario de lo que pasó en la apertura de sobres, una intervención de la Contraloría, la revisión de la Contraloría de un procedimiento bajo su ámbito, bajo su competencia, una recomendación de cancelación del procedimiento y que el procedimiento igual se adjudique, con otro Gobierno que no sea Cartes, Fernando Lugo o Federico Franco, esto hubiese sido un escándalo de dimensiones enormes”, lamentó la letrada con relación a todo el engorroso proceso que antecedió a la concesión a Apostala.
“Es como cualquier cosa que se haga a partir de 2013 como esta no es tan grave, porque el que es rico no va a robar, está demostrado que es una falacia”, aseguró.
Se presentan dos acciones de inconstitucionalidad ante la situación y la Corte Suprema de Justicia no se expide hasta el momento.
Al ser consultada sobre el empeño en conceder la exclusividad del juego de azar a una empresa, saltando cuestiones legales, indicó: “Nosotros podemos quitar conjeturas y conclusiones. ¿Por qué uno se empeña tanto en que una cosa sea de una manera o se le dé a una persona determinada?. Es muy claro cuando se trabaja con transparencia, cuando no hay injerencias de nadie, y también es muy claro cuando es de manera contraria como ocurre ahora”.
Indicó que actualmente, además de las intervenciones, se piden informes a las empresas, cuestiones que anteriormente no ocurrían y que denotan un actuar al menos no habitual del regulador.
Llamada misteriosa
Durante la entrevista, Agustín Saguier, abogado de la firma Enfield, se comunicó e informó que la empresa Pago Par canceló su servicio brindado a Apostamina.
Según explicó el abogado de la firma proveedora del sistema de pago en línea, Marcelo Giménez, recibió una llamada para cortar el suministro. No detalló quién se comunicó con él, ni qué le dijo.
Saguier solicitó un informe escrito sobre sus argumentos.
Injerencia del poder político
Desde el principio del llamado a licitación de las apuestas deportivas de habla de la injerencia del poder político, sobre todo del entorno de Horacio Cartes.
Según el diario ABC Color, Javier Zacarías Irún, político esteño y actual senador electo es uno de los interesados.
Por su parte, el senador Juan Carlos Galaverna, había manifestado que Juan Carlos López Moreira, ministro secretario de la Presidencia, es accionista de la firma Daruma Sam, que opera con la denominación comercial Apostala.
Apostala cuenta con la exclusividad del juego desde el pasado 8 de junio, gracias a un decreto rubricado por Horacio Cartes, en febrero.
Llamativamente, antes de firmar el contrato entre Daruma Sam y el Estado, el titular de la Conajzar en aquel momento, Javier Balbuena, renunció y dio paso a un supuesto allegado al político Basilio Núñez, quien ni bien llegó al ente rubricó el documento.
