Fiscala Victoria Acuña. Foto: Ministerio Público.
La semana pasada, la fiscala acusó a César Rodrigo Amarilla, exgerente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, con ello pretende llevarlo a juicio oral. El pedido fue solicitado ante el juez penal de garantías Rubén Riquelme.
Por otra parte, se pidió el sobreseimiento del presidente de la Caja, José Antonio Caballero Bobadilla; además de los miembros del consejo directivo, ellos son: Miguel Ramón Oro Domínguez, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera y Ángel Ramón Chamorro Ortiz.
Lo mencionado llamó poderosamente la atención de los jubilados que se encuentran denunciando irregularidades dentro del ente jubilatorio.
Uno de los que mostró su desazón sobre lo ocurrido fue Abel Florentín, miembro de la Asociación de Jubilados de Bancos Privados y uno de los querellantes en la causa. “Realmente es sorprendente, es muy difícil de entender la actitud asumida por la fiscala en esta situación”.
Según Florentín es difícil entender cómo se puede atribuir todo un esquema fraudulento a una sola persona, siendo que los directivos manifestaron que estaban en conocimiento de las operaciones, que terminaron perjudicando los intereses de la Caja y de los jubilados.
Según el jubilado y querellante, es difícil creer que una sola persona movió miles de millones para perjudicar al ente jubilatorio.
En conversación con RDN, incluso citó un informe de la Superintendencia de Bancos que advertía a los directivos sobre el movimiento fraudulento.
Como se había mencionado, la Fiscalía pidió juicio oral para Amarilla, mientras que solicitó sobreseimiento para los cuatro miembros de la cúpula directiva de la Caja Bancaria.
Será el juez Rubén Riquelme quien determine la fecha de la audiencia para saber si realmente el caso es llevado a juicio y si los directivos son desvinculados del caso.
El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre.
Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
La conclusión de lo mencionado señala: “Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
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