Actualmente, de la Caja Bancaria dependen 2.600 jubilados y sus familias, además son 12.700 funcionarios bancarios activos, estos últimos realizan sus aportes mensualmente.
En varias oportunidades, jubilados y sus familiares realizaron manifestaciones en contra de las actuales autoridades, que se encuentran imputadas y que podrían ser llevadas a juicio oral por lesión de confianza.
Quien lleva el caso es la fiscal Victoria Acuña, y se espera que este viernes acuse a los altos ejecutivos.
Quienes ahora están procesados por la justicia son: José Antonio Caballero Bobadilla, presidente; Miguel Ramón Oro Domínguez, miembro titular del consejo de administración y representante de los afiliados activos; Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, miembro titular del consejo de administración y representante de las entidades patronales; Ángel Ramón Chamorro Ortiz, también miembro titular del consejo de administración y representante de los jubilados y pensionados; además de César Rodrigo Amarilla, exgerente general de la caja.
Ninguno de los miembros del consejo directivo ni el presidente se apartaron del cargo, a pesar de soportar el proceso.
El caso fue detectado por una auditoría interna, en la cual se advirtieron maniobras financieras que habrían causado cierto daño al ente (leer detalle completo en este enlace).
