La fiscal del caso es Victoria Acuña y el Juzgado había fijado el 18 de mayo como fecha para la presentación de la acusación para que el caso sea tratado en un juicio oral y público.
El caso se encuentra en manos del estudio jurídico Rolón, Heralesky y Sandoval, quienes se encuentran trabajando con los jubilados bancarios.
Las abogadas conversaron RDN y recordaron los antecedentes del caso y las implicancias del mismo, incluso el daño que se le habría ocasionado al ente jubilatorio, como se demostró mediante una auditoría interna.
Los jubilados, ante la situación, en reiteradas ocasiones solicitaron la intervención de la Caja, sin embargo tal situación no se dio.
Los antecedentes
Representantes legales del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de otras Instituciones Afines, Abel Florentín y Gerardo Valiente, presentaron la denuncia formal por lesión de confianza ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Financieros en octubre del 2017.
En la denuncia se indicaba que varios directivos estaban involucrados en negociados irregulares.
La Fiscalía imputó por el hecho punible de lesión de confianza a la cúpula mayor de la caja y a un exgerente.
Actualmente los procesados son: José Antonio Caballero Bobadilla, presidente; Miguel Ramón Oro Domínguez, miembro titular del consejo de administración y representante de los afiliados activos; Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, miembro titular del consejo de administración y representante de las entidades patronales; Ángel Ramón Chamorro Ortiz, también miembro titular del consejo de administración y representante de los jubilados y pensionados; además de César Rodrigo Amarilla, exgerente general de la caja.
Mediante una auditoria interna se detectó que se hicieron “81 operaciones por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
Se concluyó que los casos analizados dan indicios de vinculación na favor de determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
El presidente, José Caballero, había asegurado que no se ocasionó ningún daño al ente jubilatorio en la maniobra con Karaku S.A.
