La denuncia se realizó ante varios entes, contralores y reguladores del sistema.
Según los datos proporcionados a RDN, se remitieron documentos a los mismos responsables de la Caja Bancaria, además de la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados y el Banco Central del Paraguay.
-Desórdenes administrativos
-Debilitamiento de la estructura de Control y Servicios de la Institución.
-Desprolijidades en el manejo de los Recursos Humanos.
-Ingreso Masivo de funcionarios comisionados y contratados.
-Los reemplazantes perciben sobresueldos por responsabilidad de cargos sin que existieran cargos vacantes o creados en Anexo del Personal del Presupuesto
-Algunos ingresados con esta Administración, cuentan con parentescos en instituciones de control externo de la Caja Bancaria.
-Traslado de funcionarios de Auditoria Interna que denunciaron hechos en el área de créditos que hoy día se dilucida en instancias judiciales (Caso Karakú y otros)
-Los recién ingresados perciben pagos de horas extras, gozan de tratamientos diferenciales para casos de licencias, beneficios laborales, etc.
-Hostigamientos hacia funcionarios de carrera, representantes gremiales y hacia el propio gremio.
-Acoso psicológico laboral
-Actos de denigración y ataques a la dignidad de determinados trabajadores.
A esto se le debe sumar que el presidente, miembros del consejo directivo y un exgerente se encuentran procesados por lesión de confianza.
Quienes ahora están requeridos por la justicia son: José Antonio Caballero Bobadilla, presidente; Miguel Ramón Oro Domínguez, miembro titular del consejo de administración y representante de los afiliados activos; Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, miembro titular del consejo de administración y representante de las entidades patronales; Ángel Ramón Chamorro Ortiz, también miembro titular del consejo de administración y representante de los jubilados y pensionados; además de César Rodrigo Amarilla, exgerente general de la caja.
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