José Caballero durante la sesión. Foto: Mercedes Toñánez.
Este lunes, en el salón Comuneros de la Cámara de Diputados, tuvo lugar una audiencia pública por el caso de lesión de confianza en la Caja Bancaria. La misma se desarrolló con una serie de incidentes, hasta tal punto que la legisladora convocante, Olga Ferreira, tuvo que amenazar con levantarla.
Entre gritos e insultos se dio lugar a la audiencia pública donde los jubilados denunciantes y los directivos procesados por el caso de lesión de confianza en la entidad, presentaron sus posturas ante la legisladora, quien en este caso actuó de mediadora.
El presidente del ente jubilatorio, José Caballero, actualmente imputado por lesión de confianza, señaló como una de las buenas gestiones, del actual consejo directivo, fue la aprobación, en menos de 6 meses, de la Ley N° 5762.
Resaltó que dicha ley fue aprobada gracias a que la bancada colorada es mayoría en la Cámara de Diputados, quienes son “sus correligionarios”.
Esta ley, permitió, según Caballero, que muchos de los jubilados hoy estén recibiendo su reaporte. Lo que no ocurrirá con los que denunciaron casos de corrupción en la entidad a través de los medios de prensa.
“No tienen el derecho de ensuciar la imagen personal y la imagen de la institución”, afirmó.
Según sus declaraciones, los denunciantes no cuentan con las pruebas necesarias y que según la carta orgánica de la Caja Bancaria, estos no son pasible de esa devolución, a través de créditos “porque no cumplen esas condiciones que se estipula dentro de una concesión de créditos”.
Caballero fue cuestionado por la diputada Ferreira, diciendo que eso no puede ser un requisito.
No obstante, respondió que si los “denigran” quieren recibir créditos de la Caja Bancaria, ellos deberían presentarse y ganar las elecciones para cambiar la Carta Orgánica.
Uno de los alterados en la audiencia fue el miembro titular del consejo de administración y representante de las entidades patronales, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, también procesado por el presunto negociado con decenas de operaciones irregulares.
Hamuy no dejó hablar a muchos de los oradores, inclusive llegó a gritar a la diputada quien, en todo momento le solicitaba respeto.
Los jubilados denuncian no solo una mala administración de la actual cúpula directiva, sino también una discriminación al momento de conceder los créditos.
Abel Florentín, del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios, expresó su preocupación ya que los directivos imputados por lesión de confianza, aún siguen en su cargo. “Ellos pueden de alguna forma obstruir, omitir y dificultar las investigaciones”, atizó durante la sesión.
Durante la audiencia Florentín, también solicitó a las autoridades del Poder Ejecutivo, la intervención de la institución, ya que han agotado todas las instancias sin éxito alguno.
Por su parte, Daniel Narváez, representante de la Coordinadora de Jubilados, acusó a los denunciantes de ser una minoría que no acepta haber perdido las elecciones para ocupar los cargos directivos de la institución.
Según un informe de auditoría existen unas “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
Teniendo en cuenta lo mencionado, la fiscal Victoria Acuña formuló imputación contra el presidente José Caballero, así como contra los directivos Miguel Ramón Oro Xavier Hamuy Campos Cervera y Ángel Chamorro.
También se encuentra procesado el exgerente general del ente jubilatorio, César Rodrigo Amarilla.
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