Mabel Rehnfeldt.Foto: Fiscalía.
El director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, Ezequiel Santagada, manifestó a RDN que lo acontecido con la comunicadora, es con la intención de acallar la voz del periodismo.
El abogado sostuvo que la citación fue totalmente incoherente ya “que Rehnfeldt solo fue el nexo entre los audios y la ciudadanía».
«Lo que hizo la profesional fue solo divulgar los materiales que habían llegado a su poder”, aclaró.
Indicó además que es un mensaje indirecto de censura para los periodistas.
«Son sutiles formas de mantener en silencio a los comunicadores», remarcó.
«Lo que se debería investigar es el tráfico de influencia, no cómo se consiguió los audios. Es una clara señal para amedrentar a la prensa”, acotó.
Finalmente refirió que las organizaciones esperan una buena actuación de Sandra Quiñónez, como fiscal general del Estado, y que la misma debe tomar las medidas correctas en relación al caso.
Así también mencionó que no duda de la buena fe de las agentes fiscales, pero que las mismas deberían revertir la situación.
Las organizaciones mencionadas emitieron un comunicado que expresa lo siguiente:
El pasado 22 de marzo, la periodista Mabel Rehnfeldt fue convocada por las agentes fiscales Josefina Aghemo y Claudia Morys a prestar declaración testimonial en el marco de la causa “Raúl Fernández Lippman y otros s./ Tráfico de influencias y otros”.
En esa causa se investiga la presunta influencia indebida de políticos y abogados vinculados a ellos en expedientes judiciales para “arreglarlos” en sentido favorable a los intereses de los primeros, amenazando y presionando a agentes fiscales y jueces que se encontraban con procesos abiertos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Mabel fue la primera persona en prestar declaración testimonial en esa causa. No lo han sido las personas sospechadas de haber cometido los hechos punibles que se investigan, a saber: Oscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y Carmelo Caballero.
Rehnfeldt fue inquirida sobre el origen de los audios, sobre cómo verificó su veracidad, sobre si contaba o no con orden judicial para difundirlos; todo esto en el marco de una causa en la que no se investigan los hechos vinculados a cómo estos audios fueron obtenidos, sino que tiene por objeto aberrantes hechos de corrupción que, como primera consecuencia, han resultado en la pérdida de investidura de un senador de la República y en la renuncia de otro.
Las fiscalas Aghemo y Morys deben dirigir la investigación y concentrarse en las hipótesis que lleven a probar los hechos investigados, no hacerle el juego a la defensa de los imputados que pretenden desviar la atención.
Haber convocado a Mabel y haberla sometido a un extenso interrogatorio en nada ha contribuido a esclarecer los hechos.
Lo acontecido sirvió para intentar sembrar el temor en ella y en otros periodistas de investigación dejando una clara señal de que ante la develación de hechos de corrupción serán quienes los develen y no los corruptos los que deberán pasearse por los tribunales.
Esto es ni más ni menos lo que, en términos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se conoce como “censura indirecta”; esto es, un intolerable menoscabo a los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información.
Es inconcebible que una causa en la que se investiga la más deleznable corrupción termine desnaturalizándose y convirtiéndose en una mácula más para el sistema judicial paraguayo en la que se “aprieta” a periodistas.
Las organizaciones solicitan a la recientemente asumida Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez,que dé las instrucciones necesarias para que se investigue lo que debe investigarse y se llegue a la verdad de los hechos y no se sigan vulnerando la libertad de ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión.
Nota: Meliza Plaz
meli@rdn.com.py
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