Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, Quiñónez solicitó los informes correspondientes a las fiscalas encargadas del caso, Josefina Aghemo y Claudia Morys.
La nota indica que en el marco de una declaración testimonial en una causa abierta, se habrían vulnerado derechos constitucionales como la libertad de expresión y de prensa, y otros derechos protegidos por la Constitución Nacional.
Los derechos se habrían vulnerado ante las mencionadas fiscalas y ante los abogados de Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y Carmelo Caballero, procesados en el caso audios.
Además manifiesta que las actuaciones de los agentes fiscales están dotadas de autonomía, pero que se deben ajustar siempre en el marco de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.
Finalmente remarca que la ciudadanía puede tener la seguridad de que la Fiscalía General luchará por instalar los procesos que sean necesarios, a fin de reencauzar la institucionalidad y devolver al Ministerio Público la esencia de su misión principal.
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