César Rodrigo Amarilla, exgerente general de la Caja Bancaria, recibió las medidas alternativas a la prisión. El mismo debe comparecer mensualmente ante el Juzgado, tiene prohibición para salir del país, prohibición para cambiar de domicilio y se le impuso una fianza real sobre un inmueble de G. 250 millones.
Miguel Ramón Oro y Xavier Hamuy Campos Cervera, ambos miembros del consejo directivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, cumplen las mismas medidas que Amarilla.
Por otro lado, la defensa de Ángel Chamorro presentó un recurso de reposición contra la providencia del juez, quien a su vez llamó a una audiencia para este viernes a las 09:00 para que ambas partes presenten sus posturas.
Así también, el abogado de Chamorro presentó un incidente de nulidad absoluta contra el acta de imputación.
Chamorro también es miembro del consejo directivo de la Caja de Jubilaciones.
Todos los mencionados están imputados por lesión de confianza, debido a irregularidades halladas en la gestión mediante una auditoría.
Quien también está imputado es el presidente de la Caja, José Caballero, quien había pedido la nulidad del acta de imputación y tiene pendiente su audiencia de imposición de medidas.
Defensa
El abogado de Caballero, Álvaro Arias, conversó con RDN y aseguró que cuentan con la documentación necesaria para refutar los argumentos de la Fiscalía en contra de su cliente.
Afirmó que la agente fiscal del caso, Victoria Acuña, se apresuró en tomar una determinación y que todo tiene un trasfondo de intereses gremiales de los jubilados.
«Estamos tranquilos y confiados», remató.
Los hechos denunciados
El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre.
Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
La conclusión de lo mencionado señala: “Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
Además de esto, los jubilados denuncian otra serie de manejos irregulares, entre ellos contratos que no se estarían cumpliendo.
