De izquierda a derecha: Angel Chamorro, Miguel Oro, Jose Antonio Caballero Bobadilla, Xavier Hamuy. Foto: Gentileza.
Los imputados, Ángel Chamorro y César Rodrigo Amarilla, deberán presentarse este jueves 22 de febrero a las 9:00 y 9:30, respectivamente ante el juez Penal de Garantías N° 4, Rubén Dario Riquelme Ramírez, para la imposición de medidas.
Por su parte, Miguel Ramón Oro y Xavier Hamuy Campos Cervera, tendrán su diligencia el viernes 23 de febrero a las 8:30 y 9:00, respectivamente, ante el mismo magistrado.
La primera audiencia debía realizarse la semana pasada, sin embargo uno de los procesados trabó el proceso presentando como abogado a un amigo del juez, Alcides Corbeta.
Por otro lado, el representante del presidente del ente, José Bobadilla, el abogado Álvaro Arias, solicitó nulidad del acta de imputación, por lo que el juez pasó el caso a los representantes del Ministerio Público. Esta situación es considerada otro mecanismo más para trabar el proceso.
Dadas las circunstancias los jubilados ya han manifestado a este medio su temor ya que los directivos no se apartan de sus cargos y podrían obstaculizar las investigaciones.
Si la cúpula directiva sigue en el cargo, podría obstaculizar la investigación, que encara la Fiscalía. Es como poner a un ratón para “cuidar el queso”, manifestaron.
El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre.
Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
La conclusión de lo mencionado señala: “Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
Además de esto, los jubilados denuncian otra serie de manejos irregulares, entre ellos contratos que no se estarían cumpliendo.
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