De izquierda a derecha: Angel Chamorro, Miguel Oro, Jose Antonio Caballero Bobadilla, Xavier Hamuy. Foto: Gentileza.
Abel Florentín, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de otras Instituciones Afines, además de Fernando Aguayo, de la misma asociación y Julio Estigarribia, presidente de la Asociación de Jubilados de Bancos Privados, conversaron con RDN y se mostraron preocupados por el actuar de los integrantes del consejo directivo y del propio presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines. Todos ellos están imputados por lesión de confianza.
Si la cúpula directiva sigue en el cargo, podría obstaculizar la investigación, que encara la Fiscalía. Es como poner a un ratón para “cuidar el queso”, manifestaron.
Según la ley de la Función Pública, los funcionarios públicos que estén imputados deben apartarse del cargo señalaron. Sin embargo el propio presidente de la Caja Bancaria, José Caballero, dijo a la 1020 AM días atrás, que él se ampara en un artículo de la misma normativa.
Caballero sostiene que fue electo mediante “votación popular”, por lo que puede mantenerse en el cargo.
Jubilados bancarios proporcionaron a este medio dictamenes de años anteriores en los cuales la Procuraduría General de la República, así como la Contraloría, señalan que los funcionarios de la Caja Bancaria son funcionarios públicos.
Además, manifestaron que si bien los responsables fueron electos a través de una votación, no puede considerarse “popular”, como dice la ley, ya que los comicios se efectúan en un círculo cerrado.
Otro punto señalado consiste en que deben asumir otras autoridades, ya que según los denunciantes, quienes ostentan los más altos cargos están inhabilitados para el efecto.
Otro punto que llamó la atención fue la mudanza del archivo del ente, el cual fue sacado íntegramente de la sede del ente y llevado hasta un depósito del Consorcio RAVE.
RAVE cuenta con un contrato con el ente para la digitalización de los documentos, por unos G. 3 mil millones.
Este medio se comunicó con la firma y confirmó que el archivo fue movilizado hasta sus dependencias.
Sobre el punto, jubilados manifestaron su preocupación ya que documentos se podrían extraviar, estando en marcha una investigación abierta a las autoridades.
De acuerdo a los datos a los cuales accedió RDN de manera exclusiva, la Fiscalía atendió una denuncia de los jubilados bancarios e imputó por el hecho punible de contra el patrimonio, normalmente conocido como lesión de confianza, a la cúpula mayor de la caja y a un exgerente.
Quienes ahora están requeridos por la justicia son: José Antonio Caballero Bobadilla, presidente; Miguel Ramón Oro Domínguez, miembro titular del consejo de administración y representante de los afiliados activos; Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, miembro titular del consejo de administración y representante de las entidades patronales; Ángel Ramón Chamorro Ortiz, también miembro titular del consejo de administración y representante de los jubilados y pensionados; además de César Rodrigo Amarilla, exgerente general de la caja.
En los casos más graves, el hecho punible tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 10 años.
Los imputados deberán comparecer la próxima semana ante el Juzgado para audiencia de imposición de medidas.
El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre.
Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
La conclusión de lo mencionado señala: “Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
Además de esto, los jubilados denuncian otra serie de manejos irregulares, entre ellos contratos que no se estarían cumpliendo.
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